Señor Director:

Esta semana el país observó un amplio operativo en el barrio Meiggs de Santiago contra los toldos azules, símbolos del comercio ilegal, una actividad conocida por todos y tolerada durante años. La señal fue clara y lo vi con satisfacción. Cuando el Estado decide actuar, las mafias retroceden. Cuando no lo hace, el daño se profundiza.

Algo muy similar ocurre con la pesca ilegal de la merluza común. Se trata de una realidad conocida, documentada y persistente, que hoy amenaza la sostenibilidad de una de las pesquerías más emblemáticas del país. Este 2026, por segundo año consecutivo, la cuota de extracción global vuelve a disminuir y el recurso sigue en estado de sobreexplotación, mientras el negocio ilegal continúa operando sin control efectivo.

Lo más grave es que se sabe dónde ocurre esta pesca ilegal, cuáles son sus puntos de venta y sus circuitos de comercialización. Aun así, poco o nada se hace. Esta inacción no es gratis y genera una competencia desleal para todos quienes cumplimos la ley.

Este mercado ilegal, que se estima mueve alrededor de 50 mil millones de pesos al año en dinero ilícito no declarado, no solo perjudica gravemente a la industria y a la pesca artesanal formal, sino que empuja al recurso hacia su desaparición. Combatir la pesca ilegal no es una opción ni un gesto simbólico, es una obligación del Estado si realmente queremos recuperar la merluza común, proteger el empleo y la seguridad alimentaria del país.

Marcel Moenne Muñoz
Gerente General PacificBlu