Señor Director:

Ayer, en el módulo 91 de la cárcel de La Serena, un interno asesinó a otro y practicó canibalismo con el cuerpo. Días antes se conoció un nuevo homicidio en el penal de Valdivia, el tercero en lo que va del año. Estas muertes no son hechos aislados, sino que la expresión de una falla estructural del sistema penitenciario.

De ello da cuenta el último reporte anual de homicidios del Ministerio Público (2024), que registra 49 homicidios dolosos consumados en cárceles durante ese año. Aunque el número absoluto pueda parecer bajo, la tasa es alarmante: 80,2 homicidios por cada 100.000 personas privadas de libertad, más de trece veces superior a la tasa de homicidios de la población general del país (alrededor de 6 por cada 100.000 personas). Esto no es normal. Y no hace falta compararse con sistemas penitenciarios ejemplares para advertirlo. Incluso Estados Unidos —difícilmente un referente en política criminal—, con una tasa de homicidios en su población general similar a la nuestra, reportó en su último informe oficial un total de 120 homicidios en prisiones, equivalente a una tasa de 10 por cada 100.000. Es decir, ocho veces menor que la tasa de homicidios en las prisiones chilenas.

Más allá del problema ético que ello significa, esta realidad expone un desafío monumental para el próximo gobierno. Sin control efectivo de los recintos penitenciarios, no será posible avanzar hacia una sociedad más segura. ¿Y qué puede implicar mayor descontrol que nuestras cárceles parezcan una película del lejano oeste?

Cristián Irarrázaval Zaldívar
Abogado y Profesor de Derecho Penal