La minería es indiscutiblemente un pilar estratégico y parte de la identidad de Chile, además de un motor esencial para su desarrollo social y económico. En un mundo que avanza hacia la transición energética, el cobre se instala como recurso clave: un auto eléctrico requiere 80 kilos, cuatro veces más que uno convencional; una turbina eólica entre 3 y 6 toneladas; y la infraestructura de data centers depende intensamente de este mineral. La Agencia Internacional de Energía proyecta que la transición podría duplicar el consumo mundial de cobre hacia 2035.

En esta etapa, que podemos definir como un momento estelar de nuestra principal riqueza natural, Chile ha perdido competitividad como destino de las inversiones globales del sector. La buena noticia es que estamos a tiempo. No hay duda de que nuestro país sigue siendo atractivo y están dadas las condiciones para que fortalezcamos nuestra posición como principal productor de cobre del mundo.

Para que la minería chilena siga generando empleo, crecimiento y desarrollo —y sea protagonista de esta transición—, el marco regulatorio es imprescindible. La certeza normativa y la fortaleza institucional son factores decisivos, puesto que somos un país en que las leyes del mineral van a la baja y los costos al alza. Reglas claras, plazos conocidos y procesos estandarizados son condiciones mínimas para seguir siendo competitivos.

En la industria minera se ha valorado especialmente la aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca reducir entre un 30% y 70% los tiempos de más de 380 permisos. Ella puede ser un paso fundamental en el desarrollo de esta industria esencial. Basta mirar algunos datos para entender la razón.

La tramitación de permisos se ha convertido en el gran obstáculo de la minería: procesos largos, poco claros y fragmentados, que pueden superar fácilmente los dos mil por proyecto. Según estimaciones responsables, los plazos en Chile superan a los de competidores como Perú o Australia, lo que nos resta atractivo frente a inversionistas internacionales.

Según el monitor de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), los permisos sectoriales son cada vez más extensos y críticos, incluso más que el SEIA. Las concesiones marítimas mayores tardan en promedio 53 meses, y las autorizaciones de la Dirección General de Aguas alcanzan hasta 39 meses, con altos niveles de rechazo.

El informe identifica un reducido grupo de trámites como principales cuellos de botella —concesiones marítimas, uso de aguas y servidumbres fiscales— donde concentrar esfuerzos permitiría recortar sustancialmente los tiempos. Con mejoras en unos 30 permisos clave, los plazos podrían reducirse casi a la mitad, entregando la certeza regulatoria que la minería necesita.

Por todo esto es que el éxito de la citada Ley Marco dependerá de los reglamentos que debieran ser emitidos próximamente. Contar, en un plazo razonablemente rápido y con certezas mínimas, con reglamentos eficaces, equivale a habilitar inversiones relevantes para el país, sin afectar por ello los requisitos de sostenibilidad de la industria.

Las consecuencias negativas de un sistema de permisos poco ágil y razonable no afectan solo a las empresas: cada año perdido implica empleos directos e indirectos postergados, así como cientos de millones de dólares en inversión y menores ingresos fiscales. En el caso del cobre, esto es aún más grave, pues representa más del 10% del PIB y más del 50% de las exportaciones nacionales.

Para mantener su liderazgo mundial en cobre, Chile debe equilibrar tres factores esenciales: certeza jurídica, sostenibilidad y agilidad administrativa. Ese equilibrio es la clave para un desarrollo minero responsable, que genere valor y confianza para inversionistas y sociedad.

La aprobación de esta normativa es un paso relevante y transversal hacia la modernización de los procesos. La expectativa de contar pronto con reglamentos en esta línea refuerza ese optimismo. En paralelo, está el compromiso de seguir colaborando con autoridades, comunidades y organizaciones civiles, pues solo con diálogo constructivo y gestión eficiente consolidaremos una minería que siga siendo un formidable motor de desarrollo para Chile.

Mario Larenas G.
Country Manager de Freeport-McMoRan Chile