El sistema penitenciario está al borde del colapso. Chile figura con una de las tasas de privados de libertad más altas del continente. Hoy tenemos el récord de recluidos de la historia: 63.141 personas. Uno de cada 319 habitantes del país está tras las rejas. El 55% de ellos son menores de 30 años. Las reclusas se han duplicado en los últimos 10 años. La sobreocupación penitenciaria es de 146,9%, cifra a la que se llegó en solo dos años, desde un 115% en 2023. Estos datos son públicos y su fuente es el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile.

Este sistema penitenciario opera fuera de su diseño original, y en este escenario pierde competencias de control, capacidad mínima de reinserción social y gobernabilidad interna. Este exceso de internos impide diferenciar a la población penal a partir del criterio de peligrosidad.

Del total de presos el 34,8% son imputados y el 65,2% condenados. Es decir, una de cada tres no ha sido objeto de una condena. Entre 2010 y 2025 los imputados en prisión han pasado de 9.576 a 19.225. La prisión preventiva dejó de ser una excepción y se transformó en la base del hacinamiento carcelario.

En prácticamente todos los penales del país existen presos que al momento de su detención hacían parte de una banda criminal internacional. El 16,1% de los presos son extranjeros (10.165); ellos reflejan la nueva realidad migratoria y delictual, pues muchos tienen relación con nuevos mercados ilícitos.

La crisis de gestión derivada de la sobrepoblación, la carencia de personal y el cambio del perfil de los internos generan dos efectos extremadamente graves. Primero, las cárceles se transforman en plataformas de negocios delictuales, desde donde se planifican y a veces se ejecutan delitos extramuros. Segundo, crece la corrupción.

De acuerdo a datos de un reporte del Programa de Reforma a la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, los sobornos identificados alcanzan a 6.300 millones de pesos y actualmente hay más de 50 funcionarios detenidos por actos que vulneran la probidad.

El actual gobierno presentó un plan maestro de infraestructura penitenciaria como respuesta a los déficits estructurales. Pero sus supuestos, que incrementan en 15.000 las nuevas plazas el año 2030, no alcanzan a eliminar la sobrepoblación.

Pese a toda esta evidencia, el mundo legislativo y judicial sigue concibiendo como única estrategia de seguridad pública el aumento de penas y encarcelaciones. Quizás ha llegado el momento en que el sistema político se tome un respiro y haga una evaluación con una perspectiva más amplia, haciéndose cargo de los datos de esta realidad.

En esa dirección, el proyecto de reforma constitucional —presentado por el Gobierno y aprobado en la Cámara de Diputados— es una buena noticia. Este, hoy en el Senado, cambia la dependencia de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, incorporándola a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Esa nueva condición prohíbe las asociaciones de funcionarios y además incrementa las sanciones para aquellos gendarmes que infrinjan la ley. Pero lo principal es que la iniciativa en trámite obliga al Gobierno a enviar, en un plazo de 12 meses, el proyecto de ley que crea un servicio especializado de reinserción social.

Solo cabe esperar que el nuevo gobierno asuma con firmeza el proyecto en trámite, que el Senado legisle con urgencia y que el compromiso de organizar el servicio de reinserción social sea realidad cuanto antes. Es lo mínimo para desactivar esta bomba de tiempo.