Todo un hito. Este año, por primera vez, cada uno de los 16 equipos de la primera división del fútbol profesional recibe el auspicio de alguna casa de apuestas en línea. Y entre las novedades, junto a marcas que ya se hacen tradicionales, está la comentada irrupción de Apuestas Royal, firma nacida en Venezuela (específicamente en Aragua) que, con una inversión de tres millones de dólares, estará presente en las camisetas de 11 clubes. Con ello, las casas de apuestas consolidan su papel como financistas clave de nuestro fútbol, un fenómeno que ha avanzado saltándose la legalidad y sin la más mínima reflexión sobre sus alcances.

Resulta casi risible que hace solo unos meses, en septiembre pasado, la Corte Suprema —a propósito de un recurso de protección que solicitaba el bloqueo de los sitios web correspondientes— volviera a declarar el carácter ilegal de esta actividad. En la práctica ello no ha tenido efecto alguno, ni en lo que entonces se pedía (para burlar el bloqueo, los sitios cambian levemente sus nombres) ni en su expansión. “Es que hace falta regular”, suele ser la justificación de quienes hacen negocios con estas plataformas. Omiten que, en rigor, sí existe una regulación que, como norma general, prohíbe las apuestas, salvo un puñado de excepciones explícitamente establecidas en la ley y dentro de las cuales no se encuentran estos casinos en línea. El sentido de la limitación no es caprichoso: busca hacerse cargo de los impactos negativos y problemas sociales que genera el juego, del mismo modo en que la ley también fija, por ejemplo, restricciones para la venta y publicidad del alcohol o del tabaco. Podrá estimarse necesario reformar o modernizar este marco normativo (ese es el sentido de un proyecto con largos años de tramitación en el Congreso), pero no es argumento para incumplirlo mientras esté vigente. Menos para aceptar una suerte de tierra de nadie en estas materias, donde las casas de apuestas impongan su voluntad por sobre los fallos de la justicia y los clubes desarrollen toda clase de tratativas con ellas. En momentos en que asegurar la efectiva vigencia del Estado de derecho es uno de los desafíos centrales para Chile, no puede pensarse que esta situación sea inocua.

Pero hay además una pregunta que muchos rehúyen: aun abstrayéndose de la cuestión legal, ¿son deseables estos estrechos vínculos entre fútbol y casas de apuestas, los que, además de los auspicios, incluyen en algunos casos participación en la propiedad de clubes y negocios con representantes de jugadores? Cuando lo que se apuesta son precisamente resultados e incidencias de partidos de fútbol, saltan a la vista los conflictos de interés involucrados. Se dirá que esta relación es un fenómeno mundial, pero parte de ese fenómeno lo son también los escándalos en torno a apuestas deportivas que cada tanto se destapan internacionalmente. Ningún debate debiera ignorar este potencial de corrupción que, sin embargo, y a la luz de sus conductas, no parece importarles demasiado a los clubes de fútbol chilenos.