Chile está ad-portas de promulgar la ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), un avance relevante frente a la grave crisis de seguridad que enfrenta el país. Su tramitación tomó más de siete años y se originó en una iniciativa del expresidente Sebastián Piñera, en el marco del “Acuerdo Nacional por la Seguridad”, con el objetivo de fortalecer una acción coordinada, preventiva y eficiente frente a amenazas a la seguridad nacional. No obstante, el contexto actual es sustantivamente distinto al que dio origen al proyecto. Chile se encuentra inserto en un escenario internacional de alta volatilidad y crecientes tensiones geopolíticas, mientras que a nivel interno ha enfrentado desafíos inéditos. El estallido social del 18 de octubre, la presencia de organizaciones criminales transnacionales, el terrorismo en la macrozona sur, el asesinato del teniente Ronald Ojeda atribuido a agentes de otro Estado y los graves episodios de corrupción penitenciaria reflejan una realidad mucho más compleja y exigente.

Este escenario demanda un sistema de inteligencia moderno y eficaz, capaz de articular de manera coherente los ámbitos civil, policial y militar, evitando duplicidades y fortaleciendo la capacidad de anticipación frente a amenazas complejas que afectan tanto al Estado como a las personas.

Tras una extensa discusión legislativa, la nueva ley introduce avances sustantivos. Se conceptualizan adecuadamente la inteligencia y la contrainteligencia, y se establece un diseño basado en instrumentos de planificación estratégica: una Política Nacional de Inteligencia, un Plan de Desarrollo del Sistema a cinco años y una Directiva Anual de Inteligencia. Asimismo, se crea el Consejo Interministerial de Inteligencia y se fortalecen las atribuciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), incrementando su dotación. En los hechos, se transita desde una lógica reactiva hacia una estrategia de Estado, alejando a la inteligencia del cortoplacismo y la improvisación.

En un contexto de despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, la nueva ley consagra expresamente su facultad para desarrollar labores de inteligencia y contrainteligencia respecto de acciones ilícitas que afecten la seguridad institucional. Junto con ello, se perfeccionan los procedimientos especiales de obtención de información, el uso de agentes encubiertos e informantes y la regulación del secreto y la reserva, buscando equilibrar eficacia operativa, control institucional y estándares democráticos.

Con todo, persisten desafíos relevantes. En primer lugar, la dotación de la ANI sigue siendo insuficiente para asumir plenamente su rol como eje del Sistema. En segundo término, resulta problemático que Gendarmería, pese a la importancia crítica de la inteligencia penitenciaria para el combate al crimen organizado, no sea parte integrante del SIE. A ello se suma la necesidad de asegurar recursos adecuados para la operatividad real de agentes encubiertos e informantes, así como la coherencia de la planificación de inteligencia con áreas estratégicas del Estado, como la política exterior y de defensa. Finalmente, continúa pendiente la regulación del estatuto especial del personal de la ANI.

En suma, la modernización del SIE constituye un avance necesario, pero requiere afrontar con claridad los desafíos presentes. Un sistema de inteligencia profesional y pragmático es indispensable para informar y alertar oportunamente a los tomadores de decisión y fortalecer la seguridad nacional.

Pablo Urquízar
Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB
Carlos Solar
Royal United Services Institute