El nuevo gobierno debe tener muy presente —y creo que lo tiene— ciertas enseñanzas de la historia. La experiencia de las últimas décadas nos dice que el crecimiento es el producto de la creatividad de las personas; que para ser creativos es importante disponer de los márgenes más amplios posibles de libertad y que, por lo tanto, parece aconsejable mantener y aumentar la libertad económica, crear incentivos para el ahorro y la inversión, actuar proactivamente para reducir la burocracia, disminuir el lapso de tiempo requerido y el costo de iniciar nuevos negocios; flexibilizar la legislación laboral, aumentar el empleo y transformar radicalmente la educación, entre otras. Además, atendido que las instituciones importan, es necesario reformar el Estado, poniendo fin al clientelismo, que favorece la captura, la depredación y la corrupción. Para que esto suceda se requiere innovación, profundizar los cambios sociales vinculados a más y mejores oportunidades, y verdadera igualdad de derechos; valorar la importancia de las reglas generales y de las instituciones cuyo propósito es frenar los excesos privados y públicos, y desarrollar ciertas reglas éticas compartidas esenciales para hacer viables los acuerdos y contratos libremente contraídos en mercados abiertos y competitivos. Por sobre todo, en orden a asegurar la plena vigencia de la libertad, que es el requisito previo del progreso, es exigible un Estado de derecho basado en el imperio de la ley y no en la voluntad arbitraria de jueces o gobernantes. Y, por cierto, cumplir la prioridad esencial actual, que es restaurar la ley y el orden.

En Chile, la transformación de la economía dio lugar a un ciclo de crecimiento económico sostenido, a tasas inéditas, y con ello aumentaron significativamente los niveles materiales de vida, llevando a rangos de prosperidad sin precedentes, que cambiaron los patrones de consumo y bienestar, y los estilos de vida de todos los chilenos.

Por razones del imperativo de lograr la creciente eficiencia que exige una economía de mercado, que es esencialmente competitiva y requiere la contratación de los mejores para sobrevivir en el mercado global, aumentó la importancia del mérito como criterio de selección para ocupar cargos y posiciones, de modo que no fueran determinadas exclusivamente por el lugar de origen. Del mismo modo, el crecimiento y la modernización capitalista cambiaron radicalmente la estructura ocupacional, generaron mayores números de trabajos gerenciales y de mano de obra calificada, mientras disminuyó el número de ocupaciones manuales y de baja calificación. La participación del sector privado permitió, a su vez, aumentar el capital educacional del país elevando el promedio de años de escolaridad de cuatro a 12, y el acceso a la educación superior del 3% a cerca del 50%, de los cuales un 70% es primera generación. Por cierto, se trató de un proceso muy incompleto, con un sistema de educación pública que no tuvo los avances en calidad que la modernidad requiere y que fue significativamente deteriorado por el gobierno de la Nueva Mayoría.

Tampoco hay que olvidar que conductas y prácticas como el uso de información privilegiada, la colusión, la mala atención a los clientes, las evasiones tributarias cometidas por algunas empresas —que, dicho sea de paso, son una minoría en el país— abiertamente contrariaron las promesas de la economía de mercado, que son: la igualdad como consumidores y la competencia sobre la base de precios, calidad e innovación, entre otras. Esto erosionó la legitimidad misma del sistema y lo hizo vulnerable a la crítica y el descrédito.

En suma, existen precedentes claros para avanzar en el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos retomando el crecimiento económico, que es el único instrumento que lo permite.