Según la última Casen, cerca de 1,3 millones de mujeres entre 15 y 35 años que no cuentan con empleo, no buscaron trabajo en las cuatro semanas anteriores a la encuesta. De ellas, unas 252 mil (19,5%) no lo hicieron porque “tiene que cuidar a niños o niñas”. En este contexto, se podría suponer que el aseguramiento de salas cuna impulsaría el empleo. Sin embargo, cuando —en otro módulo de la encuesta— se consulta sobre las razones por las que los menores de dos años no asisten a dichos centros, solo en el 1,68% de los casos se indica que “no hay matrículas o vacantes”.

Lo anterior da cuenta de un punto central para el debate del proyecto sobre sala cuna que impulsa el Ejecutivo: si bien hay consenso en la necesidad de modificar o terminar con el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a mantener o pagar sala cuna para los hijos menores de dos años, evaluar el impacto de la medida exige cautela. Lo mismo cabe respecto del sistema de financiamiento propuesto por el Gobierno.

Actualmente, la legislación ya asegura, por medio del programa Chile Crece Contigo (ChCC), el acceso gratuito a sala cuna y jardín infantil para los hijos de madres y padres que trabajan, estudian o buscan empleo y que estén dentro del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Así, el Estado realiza un esfuerzo significativo en esta materia: más de $673 mil millones del Presupuesto 2026 van a Junji y otro monto importante a Integra, los dos proveedores de salas cuna y jardines infantiles del Estado. Por ello, no debe sorprender que solo una pequeña fracción de familias declare no poder enviar a sus niños a dichos centros debido a una falta de oferta.

Donde sí se han documentado deficiencias es en la coordinación de esa oferta, particularmente entre Junji, Integra y los jardines bajo la modalidad VTF (Vía Transferencia de Fondos): barrios con pocos niños tienen un exceso de oferta pública, mientras otros con mayor demanda sufren de cupos limitados. El Estado debería racionalizar y distribuir mejor sus esfuerzos para evitar tales ineficiencias. El impacto sobre el empleo femenino podría ser significativo. Las diferencias de financiamiento entre las distintas modalidades son otro tema que debe ser atendido, lo mismo que el aseguramiento de la calidad.

Pero el proyecto del Ejecutivo no se hace cargo de esos complejos asuntos, focalizándose en la forma de financiar un sistema que permita “equiparar el derecho de sala cuna”.

El texto reconoce —con razón— que el artículo 203 es una fuente de discriminación hacia las mujeres y que su eliminación requeriría de recursos para solventar los costos de este servicio. Para ello, se propone crear un Fondo de Sala Cuna que sería en parte financiado con una cotización de 0,2% de cargo del empleador, con un 0,1% adicional en caso de ser requerido. Parte del costo adicional sería aminorado por una reducción de 0,1% en la cotización al seguro de cesantía. La defensa de este modelo ha sido férrea por parte de los grupos de interés. Sin embargo, debe repararse en sus implicancias y problemas.

Desde luego, si bien se eliminaría el “impuesto por mujer” implícito en el sistema actual, se introduciría ahora un impuesto general al empleo formal. En efecto, aunque pequeña en monto, conceptualmente, la cotización no es equivalente a un seguro, pues trabajadores que nunca se beneficiarían de la contraprestación también la pagarían. Con problemas de constitucionalidad —sería un tributo con uso específico—, la fórmula se enmarca en una preocupante tendencia a vestir impuestos como contribuciones para pagar determinados servicios públicos. De hecho, guarda similitudes con el modelo del FES y con algunos elementos de la reforma previsional. En cualquier caso, sería básico analizar su incidencia, particularmente sobre las pymes. Por otro lado, la posibilidad de que el IPS —institución a la que parece creerse dotada de especiales capacidades— ahora también vaya a administrar el Fondo de Sala Cuna enciende alarmas.

Con todo, el informe financiero del proyecto ayuda a poner las cifras en contexto. Se estima que, en régimen, se recaudarían cerca de $250.000 millones para el Fondo, con un aporte fiscal adicional de $46.000 millones. Son montos cuantiosos, pero no imposibles de solventar mediante adecuaciones presupuestarias y mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, por ejemplo, en ChCC o Junji entre otros. Así, no se sentaría el mal precedente de un nuevo impuesto al trabajo formal. La eliminación del artículo 203 debe realizarse, pero evitando improvisaciones y desprolijidades.