La pornografía es hoy una lucrativa industria que mueve millonarios recursos en todo el mundo: su valoración se estima en casi US$ 100 mil millones. Ello no apaga las controversias que genera, desde los cuestionamientos morales o las discrepancias entre corrientes feministas, hasta las advertencias respecto de su potencial adictivo y su impacto en la salud mental. Con todo, los países occidentales tienden a aceptar su existencia, entendiendo que las libertades públicas propias de una democracia también amparan esta actividad. Así, eventos en torno a ella no son extraños, a menudo financiados por productos ad hoc (marcas de preservativos, juguetería erótica, etc.). Lo que definitivamente no es común es que quienes participen del rubro soliciten y obtengan subsidios del Estado.

Aquello, sin embargo, no parece llamarles la atención a las autoridades del Ministerio de las Culturas. Esto, a la luz de su reacción, luego de que la ciudadanía se enterara de que esa cartera, vía fondos concursables, transfirió el año pasado unos $65 millones a Contrafoco SpA, organizadora de un festival de cine pornográfico en Valparaíso; de ellos, casi $50 millones fueron para financiar la séptima versión de ese festival, y otros $15 millones para realizar un estudio sobre “políticas de calificación de contenido pornográfico en cine y TV”. Frente a la noticia, la explicación de la Subsecretaría de las Culturas fue perfectamente burocrática: la selección del proyecto, a cargo de una comisión de evaluadores externos, “se realizó conforme a los procedimientos establecidos”, junto con precisar que “la adjudicación del fondo no implica respaldo, aprobación ni definición de contenidos”.

El punto, sin embargo, no es si la adjudicación siguió o no el proceso establecido —cabe suponer que sí; de lo contrario, la entrega de dineros habría sido ilegal—, sino algo mucho más básico: qué clase de procedimiento es ese que permite que el Estado termine financiando un festival de porno. En efecto, ¿se corresponde esto con los objetivos en virtud de los cuales se crearon los fondos de apoyo a la cultura? ¿Está algo así dentro de las consideraciones que se tienen en cuenta al elaborar y aprobar el presupuesto de la cartera? Es difícil saber esto último, pero sí cabe concluir que la Subsecretaría no ve problema alguno en lo ocurrido. Esto, teniendo en cuenta, además, que no es la primera vez en que la actividad recibe dineros públicos: ya en 2023 se le otorgaron $50 millones. En este contexto resulta, por cierto, un sinsentido que se intente marcar distancia respecto de los contenidos del evento cuando esos contenidos son los que lo definen: no resiste análisis financiar un festival porno y al mismo tiempo sostener que no se está respaldando el contenido pornográfico.

La web del festival, en farragoso lenguaje, lo reivindica como un encuentro que permitiría “abrir espacios para la imaginación transgresora del orden heteronormativo”. Ello puede ser legítimamente argumentable, pero bien cabría preguntarse qué tipo de transgresión es una que necesita ser protegida con dineros públicos. Con todo, no es culpa de los organizadores el que, en un país con severos problemas fiscales, los responsables de la institucionalidad cultural muestren tal desaprensión respecto del uso de los recursos del Estado.