El triunfo de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica no es solo la consolidación de un proyecto político interno, sino una señal clara del momento que vive América Latina. Fernández se impuso en primera vuelta con algo más del 48% de los votos, superando con holgura el umbral constitucional del 40% que permite evitar una segunda vuelta. El dato no es menor: confirma un respaldo contundente a una candidatura que ofreció continuidad, orden y una agenda de seguridad dura en un país históricamente asociado con la estabilidad institucional.

Fernández llega al poder como heredera del Presidente saliente, Rodrigo Chaves, cuyo estilo confrontacional, discurso antipolítico y énfasis en la seguridad marcaron un quiebre con la tradición costarricense más consensual. La nueva mandataria no solo defendió su legado durante la campaña, sino que prometió profundizarlo, dejando claro que la lucha contra el crimen organizado será el eje central de su gobierno.

El Partido Pueblo Soberano, que la llevó a la presidencia, se inscribe en la derecha política costarricense, con una combinación de liberalismo económico, conservadurismo social y una retórica de orden y autoridad. No se trata de una derecha clásica, sino de una nueva derecha latinoamericana, que apela al cansancio ciudadano frente a la inseguridad, la corrupción y la debilidad del Estado. En ese marco, Fernández ha reconocido su admiración por el enfoque de seguridad del Presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El contexto explica en buena medida este resultado. Costa Rica cerró 2024 y 2025 con cifras récord de homicidios, impulsadas por el narcotráfico y su uso del país como plataforma logística. Ese deterioro, impensable hace una década, redefinió las prioridades del electorado. Hoy, como en buena parte de América Latina, la seguridad desplazó a la economía y a las políticas sociales como principal demanda ciudadana.

En ese sentido, el triunfo de Fernández no es un hecho aislado, pues se suma a un giro político regional hacia opciones conservadoras o de derecha, donde el orden y el combate al crimen organizado funcionan como principal bandera electoral. En Chile, el ascenso de José Antonio Kast confirmó la tendencia. Y el calendario electoral de 2026 refuerza la relevancia del fenómeno: Perú, Colombia y Brasil acudirán a las urnas para elegir presidente en procesos que estarán atravesados por la inseguridad, el narcotráfico y la crisis de legitimidad de las instituciones.

A ello se suma un elemento geopolítico relevante. El perfil de Fernández y su énfasis en cooperación en materia de seguridad apuntan a mantener a Costa Rica alineada con Washington, en un contexto en que Donald Trump ha vuelto a poner el foco en el control del crimen trasnacional y la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para endurecer sus políticas internas.

La pregunta abierta es hasta dónde puede llegar este giro sin tensionar los equilibrios democráticos que han distinguido a Costa Rica del resto de la región. El mandato ciudadano es claro: más seguridad, menos crimen, más control. El desafío de Laura Fernández será demostrar que ese objetivo puede alcanzarse sin sacrificar derechos, contrapesos institucionales ni la esencia democrática del país.