Altos ejecutivos del área de telecomunicaciones se han lamentado de las actuales condiciones del sector. Eso es comprensible, en un escenario donde una empresa está abandonando el país, otra debió entrar en un proceso de reorganización en los EE.UU. para sobrevivir, y solo una firma tiene utilidades positivas. Las causas son el alto endeudamiento y una intensidad de competencia que impide generar utilidades para solventar ese endeudamiento. Ello se vincula en parte con las características técnicas de un sector en el que las empresas ofrecen el mismo servicio, de calidad similar, y en que el costo de cambio es bajo.

En cuanto a las deudas, tienen varios orígenes. De partida, las empresas debieron pagar por sus frecuencias en una subasta cuyos resultados fueron costosos para ellas. Y luego, debieron invertir en equipos para la transición a la tecnología 5G. Estos costos, sin embargo, aumentaron debido a decisiones de la Corte Suprema que intervinieron y retrasaron los procesos de adjudicación de espectro. Al actuar así, el máximo tribunal adoptó resoluciones más propias del campo de la política pública que de la acción judicial, y llevó a que se introdujeran límites al espectro que podía tener cada empresa, con el objetivo de que hubiera más participantes en el sector. Pero ese limitado espectro con que quedó cada firma hace necesario realizar mayores inversiones (y por lo tanto acumular más deuda) para proveer una determinada calidad de servicio.

La experiencia y la teoría económica enseñan que, cuando se interviene un mercado para aumentar el número de participantes más allá de lo que es sostenible, ese mercado tenderá a ajustarse con la salida de alguno de los actores. Pero en esa transición todas las empresas sufrirán, reduciendo su inversión y ofreciendo probablemente un peor servicio. En el caso chileno, a la luz de lo observado, las condiciones del mercado de las telecomunicaciones aparentemente no permiten más de tres competidores, como en varios países desarrollados.

En esa transición, los consumidores han recibido hasta ahora precios bajos (mucho más que en los EE.UU., por ejemplo), lo que es un beneficio importante. El problema es que estos precios no son sostenibles en el largo plazo. Y en este contexto, las empresas con más posibilidades de sobrevivir desean más espectro —los límites actuales están pensados para un mercado de cuatro o más competidores—, lo que les permitiría atender, sin aumentar demasiado la inversión, a los usuarios que deberán cambiar de compañía en el futuro.

Por supuesto, el que las empresas se quejen es frecuente, por lo que sus planteamientos deben examinarse con prudencia. En este caso, sin embargo, hay evidencia —salida de empresas, bajas rentabilidades— que los respalda al menos en parte. Además, si solo pueden sobrevivir tres empresas, no tiene sentido dejar sin uso el espectro de la que abandona el mercado.

Con solo tres firmas, cada una con más espectro, la rentabilidad debería aumentar, así como las tarifas a los usuarios. Es una consecuencia natural de la menor competencia, pero, como contrapartida, la calidad del servicio debería mejorar sensiblemente. No es casualidad el hecho de que hoy, si bien el país está entre los que tienen mejores velocidades de conexión de internet fija, se encuentre en una posición muy rezagada en materia de internet móvil, reflejo de los problemas que vive el sector.