En democracia, los gobiernos no solo deben enfrentar urgencias e implementar políticas públicas para abordar agendas sectoriales en beneficio de las personas. También, bajo determinadas circunstancias, tienen que destinar energía y recursos a adecuar las reglas del juego político. Ello es necesario cuando el diseño institucional introduce incentivos incorrectos. Ese sería el caso de la (nuevamente) postergada reforma al sistema político, o más específicamente al sistema electoral.

Las condiciones bajo las cuales se producen las reformas electorales pueden organizarse en tres líneas explicativas, sin perjuicio de otras. En primer lugar, los sistemas electorales sufren cambios cuando los partidos incumbentes buscan maximizar su representación en un contexto de transformación del electorado (Boix, 1999). Generalmente ello los lleva a adoptar la proporcionalidad, como ocurrió con los socialistas en Francia en 1986. La reforma de 2015 en Chile buscaba principalmente resolver los problemas de coordinación para la izquierda, dada la existencia de muchos partidos en las negociaciones de las listas parlamentarias (Gamboa y Morales, 2016). Esto sería una variante del tipo arriba descrito. En segundo lugar, los cambios al sistema electoral pueden gestarse por la excesiva concentración y desproporcionalidad, como en Nueva Zelandia antes de la reforma de 1993 (Norris, 1996; Vowles, 1995). Tercero, la demanda crece cuando existe una crisis de legitimidad. Altos niveles de atomización derivan en una baja efectividad e inestabilidad de los gobiernos, como en Italia a principios de los noventa. A pesar de las diferencias de contexto con el caso italiano, como la forma de gobierno presidencial en Chile y la profundidad de la crisis, todo indica que en esta última categoría se inscribe el diagnóstico sobre la necesidad de adecuar el sistema electoral en nuestra democracia.

La evidencia sobre la fragmentación ya es largamente conocida para Chile (Bunker, 2023). En el caso de que persistan dudas sobre la importancia de introducir correcciones para reducir la balcanización del sistema de partidos, el ejercicio de proyectar la política de alianzas para el próximo ciclo resulta clarificador. El gobierno de Kast tendrá al menos dos oposiciones en su flanco izquierdo: el FA-PC y el Socialismo Democrático. Luego, observaremos entre tres y cuatro conglomerados en su propio sector (no es una coalición) y una posible oposición a su derecha. A ello se suma la nada despreciable (e impredecible) bancada del PDG que se posiciona por encima del eje izquierda-derecha. Todo ello sin contar con emprendimientos políticos de menor tamaño que también aumentan los costos de transacción en la tramitación legislativa.

Considerando lo anterior, ¿se abrirá una ventana de oportunidad para una reforma electoral cuando asuma la próxima administración? La literatura ha analizado la hipótesis que señala que la presencia de gobiernos recién electos y de alternancia en el poder se asociaría a la realización de cambios institucionales y al sistema electoral (Bedock, 2015; Nunes y Jacobs, 2016). A ese respecto, la posición que ha adoptado por años el partido del mandatario que asume en marzo sobre este tema debería servir de estímulo para avanzar por ese camino. Cabe recordar que, durante el segundo proceso constitucional, el partido mayoritario junto a otros actores impulsó modificaciones sustantivas en esta materia.

Si se decide a innovar, el gobierno entrante no debería partir de cero. Primero, están precisamente las propuestas sobre esta materia realizadas en el segundo proceso constitucional. Segundo, existe una moción de senadores de distintos partidos aprobada en primer trámite constitucional (Boletín 17.253-07), que entre otros dispositivos también establece el umbral y la pérdida de escaño. Tercero, está el proyecto de ley que fue promovido (de manera discontinua) por el actual gobierno y que se concentraba en aumentar los requisitos para crear partidos (Boletín N°17.640-06).

Una reforma acotada al sistema electoral y a las normas para conformación de partidos no soluciona todos los problemas del sistema político chileno, pero es condición necesaria para tener una democracia más eficiente. Sus efectos no se verán en el corto plazo, pero pueden constituirse en un legado en el futuro. Ese debiera ser un objetivo deseable para cualquier gobierno, incluso para uno autodenominado de emergencia.

Andrés Dockendorff
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile