Minnesota se ha convertido en un epicentro de protestas, luego de operativos que han derivado en detenciones erróneas, enfrentamientos con civiles y dos muertes que encendieron el debate nacional. No es primera vez: antes, en el primer gobierno de Trump, aquí fue muerto George Floyd, en un caso que desencadenó manifestaciones en todo el país, promovidas por el movimiento Black Lives Matter. Y si entonces fue la cuestión racial, ahora es la migración.

Determinante en este conflicto ha sido la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (del cual depende ICE), que a mediados de enero quitó el estatus de protección temporal para cerca de 2.400 somalíes residentes en el estado. Con ello se activaron las alarmas en una de las comunidades migrantes más visibles del Medio Oeste (se calculan entre 80 mil y cien mil los que viven en Minnesota). El impacto social fue inmediato: escuelas con ausentismo, empleadores reportando caídas de asistencia y organizaciones comunitarias denunciando miedo generalizado. La Casa Blanca fue así perdiendo el control comunicacional, al tiempo que cada video viral de agentes armados contradecía el mensaje de “orden administrativo” que Trump intentaba proyectar. La muerte de Alex Pretti a manos de agentes llevó las cosas a un punto de máxima tensión. El gobierno debió reaccionar, relevando al comandante de la Patrulla Fronteriza que lideraba la operación y enviando a Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, a Minneapolis.

Encuestas de Gallup han mostrado que la inmigración sigue entre las principales preocupaciones nacionales, pero con una mayoría crítica de la forma en que se está actuando. No es un rechazo a la política migratoria en sí, sino a su ejecución. De esta forma, el costo político comienza a cruzar líneas partidarias: legisladores republicanos de estados con alta población migrante han pedido revisiones internas tras incidentes que involucraron a ciudadanos estadounidenses detenidos por error.

De esta forma, Minnesota opera como símbolo de una paradoja peligrosa, porque una política diseñada para exhibir control está transmitiendo desorden institucional. En un año de elecciones legislativas, la percepción de abuso estatal erosiona la autoridad presidencial más que cualquier debate ideológico.

El costo político que está en juego

En este primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca se ha empezado a abrir una grieta incómoda entre promesa y realidad. Es que el mandatario construyó buena parte de su capital político prometiendo que EE.UU. dejaría de involucrarse en conflictos ajenos a sus intereses inmediatos. Sin embargo, entre enero de 2025 y enero de 2026, su política exterior ha tomado un giro marcadamente intervencionista.

El punto de quiebre fue Venezuela, con la Operación Resolución Absoluta, que culminó con la captura de Nicolás Maduro. La acción, ejecutada sin autorización explícita del Congreso, reabrió un debate clásico en Washington sobre el poder de guerra presidencial. Y para muchos votantes que apoyaron a Trump por su retórica antiintervencionista, el episodio evocó justamente aquello que prometió evitar.

Recientes encuestas, en tanto, muestran un apoyo tibio a nuevas intervenciones y creciente preocupación por el gasto exterior. En un año marcado por las elecciones de mitad de mandato, en las que se renovará parcialmente el Senado y por completo la Cámara de Representantes, esa contradicción pesa.

Un dolor de cabeza también para Meloni

En ese contexto, una controversia inesperada en torno a la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 —que comienzan esta semana— se ha convertido en un dolor de cabeza diplomático para la primera ministra Giorgia Meloni. Es que la confirmación de que una unidad del ICE formará parte del equipo de seguridad que acompañará a la delegación deportiva estadounidense encendió las alarmas en Roma y en la opinión pública italiana.

Según fuentes oficiales, el despliegue corresponde a agentes de Homeland Security Investigations, el brazo investigador del ICE, que actuarán en labores de inteligencia y cooperación con las autoridades italianas desde el consulado en Milán, sin facultades operativas.

Pero lo que en otros eventos deportivos globales puede ser considerado rutina (agencias de varios países colaboran regularmente en seguridad internacional), aquí choca con un intenso rechazo político y social. En Milán, el alcalde, Giuseppe Sala, calificó la posible participación de agentes del ICE como “no bienvenida”, argumentando que la agencia tiene una imagen “terrible” por actos de violencia en EE.UU., incluida la muerte de civiles en operativos de migración. Y la oposición italiana ha convertido el asunto en un foco de debate nacional.

Para Meloni, aliada clave de Trump en Europa, la polémica representa un escollo político interno: sus adversarios la acusan de subordinar la soberanía italiana a decisiones de la Casa Blanca, sin consulta pública previa. Para EE.UU., la decisión de incluir una unidad del ICE responde a criterios de seguridad integral frente a amenazas globales; pero políticamente aparece como un error de cálculo en un entorno donde el nombre “ICE” ya está cargado de controversia.