En las postrimerías de su mandato, el Gobierno ingresó con suma urgencia el proyecto de ley de negociación ramal o multinivel. Se trata, evidentemente, de una iniciativa testimonial, pero no por ello poco nociva.

Según lo señalado por el Ministerio del Trabajo, el proyecto posibilitará abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo y reglas de implementación de los distintos convenios, entre otros. La propuesta contempla la creación de consejos sectoriales laborales y comisiones subsectoriales, integrados por representantes de las confederaciones sindicales y de los gremios empresariales más representativos.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con un informe reciente de la OCDE, la proporción de trabajadores sindicalizados en el mundo ha disminuido fuertemente en las últimas décadas. Mientras en 1985 cerca del 30% estaba afiliado a un sindicato, en 2005 es la mitad de aquello.

La propuesta presentada no surge de una demanda efectiva de los trabajadores, sino de una reivindicación político-ideológica. El Gobierno sabe que no se alcanza el tiempo para tramitar este proyecto en lo que queda de la legislatura, por lo que no es más que un guiño a la CUT y sectores de izquierda. De hecho, era parte del programa de Jeannette Jara que los chilenos rechazaron rotundamente.

Paradójicamente, tanto el ministro del Trabajo como parlamentarios del oficialismo han sindicado la iniciativa como “moderna” e “innovadora”. La realidad, sin embargo, es precisamente la inversa. Parece intentar legislar para un mundo analógico y no uno marcado por la automatización, la digitalización, las plataformas, la subcontratación y trayectorias laborales cada vez más cortas y móviles. El proyecto sigue pensando el trabajo desde categorías industriales tradicionales, como “ramas” homogéneas y sujetos laborales estables, agregando una burocracia nociva.

Tener una negociación por sobre el nivel de la empresa tiene una serie de desventajas. Obligaría a empresas de distinto tamaño y estructura productiva a suscribir un acuerdo común con las organizaciones sindicales del rubro. Esto podría derivar en condiciones laborales que resulten abordables para las firmas de mayor tamaño, pero que serían difíciles o imposibles de cumplir para las más pequeñas, cuya capacidad de incidencia en estas instancias es significativamente menor.

La negociación ramal introduce rigideces en un mundo que requiere flexibilidad. Y es que las empresas no son homogéneas. Sus niveles de productividad, tamaño y acceso a financiamiento son muy distintos. Forzarlas a condiciones uniformes sería perjudicial para las empresas, para muchos trabajadores y para el país.