En los últimos días, una sucesión de cifras y hechos noticiosos conocidos han vuelto a poner en entredicho el manido discurso oficialista que busca resaltar como principal legado de la administración de Boric una supuesta normalización del país y la estabilización de la economía. Si se analizan solo las informaciones de esta semana, ellas serían suficientes para echar por tierra ese relato interesado que las autoridades salientes se han empecinado en construir. Desde el punto de vista económico, los datos de desempleo femenino dieron cuenta de que la gestión del Presidente Boric tiene la cifra más alta de los últimos gobiernos —sin incluir la pandemia— y promedia un 9,1%. De otro lado, el viernes se reconoció por el ministro de Hacienda que el déficit fiscal efectivo alcanzó un 2,8% del PIB, cifra muy superior a la que habían anticipado las autoridades. Otro impacto a las finanzas públicas y una nueva afectación a la alicaída credibilidad técnica de una institución tan relevante como la Dipres.

Más allá de las explicaciones de las autoridades —distintos expertos habían levantado oportunamente las alertas—, es el pobre crecimiento económico una razón fundamental por la que los ingresos fiscales decepcionan. Y en ello la responsabilidad del Gobierno es ineludible.

En materia de seguridad, a los graves incidentes del viernes en el Estadio Nacional en que un grupo de barristas de la U. de Chile agredieron a guardias, destruyeron e incendiaron butacas, obligando a parar el partido —luego de casi un año que se declaró el cierre del programa “Estadio Seguro”, la unidad que debiera asumir dicha responsabilidad aún se encuentra sin jefatura titular—, se agrega una violenta semana en la Región Metropolitana, en que hasta el día jueves se habían registrado al menos nueve homicidios consumados y 14 frustrados. Otra muestra de que, pese a las declaraciones, todavía se estaría lejos de la llamada “normalización”.

Se cerró la semana con otro golpe para un amplio sector del oficialismo: la detención y formalización de cinco imputados en el caso Procultura, incluyendo al médico Alberto Larraín (director ejecutivo de esa fundación) y a una funcionaria del Gobierno Regional Metropolitano. Este episodio no solo vuelve a levantar el caso Convenios y dañar la imagen del Gobierno y del FA (el Presidente Boric y distintos dirigentes de ese partido son cercanos a Larraín y lo promovieron), sino sobre todo, ubica en el centro de la discusión la actuación del gobernador Claudio Orrego, respecto del cual hay una solicitud de desafuero pendiente.

Sin perjuicio de lo que resuelva finalmente la justicia sobre la situación puntual del gobernador, en el caso Procultura al igual que en otras aristas del caso Convenios, la investigación da cuenta de actuaciones reprochables y falencias de distinta naturaleza: engaños y perjuicio fiscal, que de acreditarse suponen hechos delictivos graves; asignación de proyectos y cargos a amigos o personas respecto de los cuales se tiene una relación de pareja; falta de controles suficientes y de efectivas medidas de resguardo y, en definitiva, aprovechamiento político de los cargos, frivolidad o, en el mejor de los casos, ingenuidad de algunos en el manejo de los recursos públicos. ¿Qué justificación tiene que se entregue toda la cantidad de dinero al comienzo en vez de hacerlo por partes, previo cumplimiento de metas? ¿Cómo se determinan las prioridades de los proyectos que se asignan y cómo se evalúan sus resultados? ¿Están cumpliendo adecuadamente su función de control los consejeros regionales, habida cuenta que esta fue una decisión aprobada por el Consejo?

Crisis suprema

Los hechos de corrupción e irregularidades conocidos que han sacudido a la Corte Suprema y a otros tribunales del país, no tienen precedentes, y todo indica que, lejos de aplacarse, en los meses que vienen podrían profundizarse aún más. El hecho de que las investigaciones avancen y se persiga la responsabilidad de cualquier persona, con independencia del cargo que ocupa, es una buena noticia y puede interpretarse como un signo de que las instituciones están funcionando. Lo preocupante en este caso, sin embargo, es la gravedad de los hechos que se imputan —no solo cohecho, sino conductas propias de la criminalidad organizada en las más altas esferas—, la ramificación de sus diversas aristas —aparecen antecedentes que mencionan no solo jueces, funcionarios y abogados litigantes, sino que también a conservadores, parlamentarios y empresarios— y, sobre todo, la vulnerabilidad que muestra el sistema judicial en su conjunto, incapaz de prevenir o advertir situaciones como esta.

Se trata de un proceso doloroso pero necesario, que exige sacar a la luz todas las situaciones delictivas, todo ello acompañado de una reflexión suficientemente profunda sobre sus causas, efectos y la mejor manera de abordar los necesarios cambios en diversos ámbitos.