Con la dictación de la medida cautelar de prisión preventiva para Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema ya destituida, se marca un nuevo hito en la aguda crisis que vive nuestro sistema de justicia. No se trata solo de la gravedad de los delitos que se le imputan ni del impacto simbólico de ver a una exintegrante del máximo tribunal privada de libertad. Lo que vuelve aún más delicado este episodio es cómo se suma a toda una seguidilla de hechos que han venido erosionando, de manera persistente, la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

Esa desconfianza tiene dos fuentes distintas, pero que hoy se refuerzan mutuamente. Por un lado, los casos de corrupción conocidos en el último tiempo, que golpean directamente la idea de probidad y rectitud que debiera encarnar la Corte Suprema. Por otro, una percepción ciudadana largamente instalada de una justicia lenta, burocrática y, en no pocos casos, escasamente eficaz para resolver los problemas concretos de las personas. Cuando ambas dimensiones se cruzan —corrupción en la cúspide y mal funcionamiento en la base—, el daño institucional se profundiza.

La pregunta clave es si esta caída en la confianza puede revertirse. La historia comparada, y la propia historia chilena, muestran que sí, pero no de manera automática ni con declaraciones de buenas intenciones. Esto es especialmente difícil, además, cuando las instituciones están dirigidas por cuerpos colegiados grandes y no electos, como es el caso de la Corte Suprema, porque las responsabilidades individuales se esconden y quedan diluidas detrás de un colectivo que no tiene rostro.

En este contexto, el papel de la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, será decisivo. No solo en la conducción administrativa del tribunal, sino en la capacidad de liderar un proceso de recuperación de legitimidad. Eso implica fortalecer los estándares éticos, transparentar los procesos disciplinarios, acelerar la tramitación de causas y asumir que la independencia judicial no es incompatible con la rendición de cuentas. Al contrario, hoy es condición para preservarla. Ejercer ese liderazgo, sin embargo, supone valentía y disposición a generar incomodidad y dejar expuestos a jueces y ministros, incluso del máximo tribunal.

La confianza ciudadana en la justicia es un activo frágil pero esencial para el Estado de Derecho. Perderla tiene costos profundos y duraderos. Recuperarla es posible, pero exige liderazgo, autocrítica y reformas concretas. La pregunta ya no es si la justicia enfrenta una crisis de confianza, sino si está dispuesta a hacer lo necesario para superarla.