Señor Director:

El debate reciente sobre las convicciones personales de quienes ejercen cargos públicos, a ratos ha tendido a simplificarse en exceso. En general, parece existir un consenso razonable en que profesar una fe no invalida para desempeñar cargos públicos en una sociedad democrática y plural.

Sin embargo, la discusión de fondo parece ser otra. Suele apelarse a la noción de “razones públicas” como criterio para resguardar la neutralidad del Estado. En ese contexto, cabe preguntarse qué hace que una razón sea propiamente “pública” si no es, en último término, una convicción moral compartida por una mayoría en un momento determinado.

Esa distinción conceptual tiene consecuencias prácticas. En la práctica, se observa que ciertas convicciones —en particular las religiosas— deben traducirse explícitamente a razones “aceptables para todos”, mientras que otras convicciones laicas fuertes, por ejemplo, en materias como aborto, familia o identidad, suelen presentarse como si fueran neutrales o públicas por defecto. Lo secular, sin embargo, también responde a una cosmovisión y no está exento de supuestos morales.

Desde esta perspectiva, el principal riesgo para una sociedad como la nuestra —marcada por la polarización, la desconfianza institucional y la fragmentación cultural— no parece ser el debate desde convicciones, sino la idea de que algunas convicciones no lo son y, por lo mismo, quedarían exentas de escrutinio. Un debate democrático sano debería exigir reglas consistentes para que ninguna visión se imponga como incuestionable.

Ramón Luis Berríos Arroyo