La operación Apocalipsis puso en evidencia algunos de los factores que afectan a la seguridad nacional desde Gendarmería, las cárceles, y el crecimiento del crimen organizado. A la corrupción que dejó a 60 funcionarios de la institución imputados se agregan 7 gendarmes detenidos por cohecho y asociación criminal en distintos puntos del país. Dos de ellos eran dirigentes regionales de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios.

La crisis se desata en momentos en que el Congreso debate una reforma constitucional cuyo propósito final es legislar a fin de enfrentar algunos de los males que afectan a la institución. Se propone incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, trasladándola desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública (boletín 18032-07). También propone sanciones aplicables a funcionarios que atenten contra la integridad de los establecimientos penitenciarios, modificando el Código Penal y la Ley Orgánica de Gendarmería (boletín 18064-07).

El cambio que propone la reforma es relevante, pues reconoce una realidad: Gendarmería cumple una función de seguridad pública que adolece de un problema sistémico, producto, por una parte, de su arquitectura institucional y, por otra, de las características que ha asumido el crimen organizado en los últimos años. Eliminar los gremios y limitar el derecho de asociación contribuye a desestructurar espacios de gobernanza ilegal al interior de Gendarmería. Pero no es suficiente.

Como lo señalamos en nuestro libro “Crisis Carcelaria y de Seguridad: Propuestas para una Política Penitenciaria Integral”, publicado por el Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho UC, eliminar la corrupción exige abordar otros factores que afectan a la Gendarmería. Principalmente, que la carrera funcionaria se diseñe con formación continua y especialización adecuada en temas de seguridad penitenciaria.

La institución, en las condiciones actuales, no está en condiciones de enfrentar al crimen organizado que opera dentro de las cárceles como espacio protegido para un negocio muy lucrativo. La operación Apocalipsis debe entenderse desde ahí. Las cárceles están ofreciendo oportunidades de enriquecimiento ilícito no solo para los jefes de bandas, sino también para quienes los custodian: 60 mil pesos por visitas irregulares, 350 mil por un celular. Los sobornos habrían generado ganancias superiores a los 6.300 millones de pesos.

En consecuencia, debe admitirse que la crisis tiene múltiples dimensiones. En ese contexto, aunque fundamental, no basta con reestructurar Gendarmería; tampoco con construir más cárceles para segregar a la población penitenciaria y solucionar el hacinamiento carcelario. El crimen organizado, con dimensiones internacionales, ha logrado penetrar desde las cárceles a funcionarios de Gendarmería y a sectores importantes de jóvenes y familias que ven ahí una oportunidad de enriquecimiento rápido. Es probable que también ellos terminen en prisión.

La crisis desatada nos interpela como sociedad y como Estado. De ahí la relevancia de la reforma constitucional que propone crear un servicio especializado en reinserción social separado de Gendarmería. Esta medida es esencial. El país merece una Gendarmería profesional, digna y efectiva. Pero, como sabemos, el problema carcelario tiene un impacto directo en los barrios y en las familias. Nos afecta como sociedad responsable ante los más vulnerables, incluyendo por cierto a las mujeres y jóvenes, a quienes el crimen organizado ofrece expectativas cuando el Estado está ausente.

Derrotar la corrupción en Gendarmería y cortar los tentáculos del crimen organizado no puede convertir el cumplimiento de una pena en mero castigo y crueldad. “Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos más respetados, sino por cómo trata a los más vulnerables”, sentenció Nelson Mandela. Las personas encarceladas vienen de sectores sociales vulnerables y continúan vulnerables frente al crimen organizado.

La reinserción debe ser el fin último que inspira y justifica la aplicación de penas. Esta no puede ser responsabilidad de quienes custodian, sino también de instituciones de la sociedad civil apoyadas por el Estado, comprometidas con la capacitación laboral y familiar y con el adecuado acompañamiento pospenitenciario.

Hernán Larraín F.
Ana María Stuven
Valentina Avendaño
Agustín Walker
Pablo Zeballos
Alejandro Arévalo