Se puede argumentar de muchas maneras contra las llamadas “contribuciones” en Chile. Desde luego su monto y la forma poco clara en que se fija la base gravada; que encarecen el acceso a la casa propia para los que no acceden a subsidios: prohibitivo para muchos pagar la hipoteca a 30 años y empezar a pagar el impuesto al primer año ad aeternum, lo que dificulta tener hijos y gozar de una vejez llevadera. Tal parece que el impuesto hubiera sido establecido en perjuicio de la familia y de su continuidad. Si alguien construye o adquiere una vivienda y la concibe para que la vida sea establemente más agradable, desafía al tasador y tendrá que destinar una parte mayor de su ingreso a pagar al fisco para vivir en lo propio. Lo anterior también se aplica a los inmuebles de arriendo: mayor contribución, mayor renta.

Hay un aspecto que pasa inadvertido: el efecto de las contribuciones sobre la ciudad. Hemos visto que dignísimos economistas, liberales y de los otros, han sentenciado que este impuesto es indispensable y rebajarlo o suprimirlo, una insensatez. Hablan ellos desde el ángulo de los recaudadores: en esto izquierda y derecha van de la mano, por la simple razón de que los inmuebles no se trasladan y acusan cierta prosperidad (¡o el gusto tan humano por tener una vivienda buena!). Olvidan los del “tic” recaudatorio que se pueden reducir los gastos del Estado, hoy desbordados, pero también ignoran que gravar los inmuebles induce a la transformación de los barrios y a su destrucción. Esto también representa un costo, pero no para el fisco, que rara vez atiende a los efectos de la densificación, costo que pagan los habitantes que habitan sectores consolidados y de pronto sufren la demolición intrusiva en su barrio. Del ímpetu recaudatorio participan el gobierno central y los municipios (en Las Condes, por ejemplo, hay 375.000 roles y al parecer no les basta).

El Fondo Común Municipal es administrado por el gobierno de turno (Subdere) con criterios definidos pero muy distorsionados por el favoritismo político. Su monto para 2024 fue de US$ 2.700.000.000, del cual el 62% proviene de las contribuciones. La crónica judicial indica que esta enorme suma no se gasta bien, año a año.

La presión impositiva sobre la vivienda no solo frena el acceso a ella y su conservación, sino que destruye los mejores sectores de la ciudad y así llegamos a tener ciudades que van de mal en peor, proletarizadas y segregadas a impulsos de la ganancia de constructores y del fisco y municipios.

La densificación que recauda los fondos para el Estado no va aparejada con mejoras de la infraestructura pública: calles, colectores de aguas lluvias y servidas. Una anécdota: ¡al hacerse ciertos trabajos de cableo subterráneo en Las Condes, se “pinchó” un colector de aguas servidas y el fragante géiser de estas alcanzó a los diez metros porque el colector estaba a presión!

Carlos Larraín Peña