Más de 1,1 millones de niños y jóvenes menores de 18 años viven en la pobreza según la Casen 2024. Un 92,4 por ciento de ellos se encuentra en hogares donde no hay personas de 65 años o más. La brecha con la línea de pobreza de estos hogares llega a 91 mil 300 pesos por persona. En cambio, en los hogares que cuentan con personas mayores y que viven en pobreza esa brecha es en promedio un 31,2 por ciento inferior. Dichas personas en su gran mayoría reciben la PGU. Los subsidios monetarios que reciben estos hogares ascienden a un promedio de 202 mil 600 pesos. En cambio, los hogares con presencia de menores y sin adultos mayores que están en pobreza reciben un subsidio monetario promedio de solo 54 mil 254 pesos. Su realidad sería muy distinta con subsidios parecidos a los de esas otras familias. Por cierto, esta realidad no puede sorprendernos. Ha habido una prioridad para aliviar la pobreza en la vejez.

Sin embargo, cabe preguntarse si no es el momento de avanzar hacia mayores transferencias monetarias para los hogares donde se concentran los menores de edad. Cada vez tenemos más claros los costos para el desarrollo de los niños y jóvenes que viven en pobreza y el aumento en comportamientos sociales riesgosos que, por distintas razones, esos entornos pueden provocar. Ahora en los hogares en los que viven esos niños y jóvenes pobres, y que no cuentan con adultos mayores, se concentra un poco más de un 62 por ciento de todas las personas que viven en pobreza. Hay, por tanto, una “externalidad” relevante en una política dirigida a aliviar la pobreza de los menores de edad.

Indudablemente no es fácil generar los espacios presupuestarios para financiar una política de transferencias monetarias más generosas a estos hogares. Pero no es imposible si en ese ejercicio se aprovecha de repensar la política social que complementa las más clásicas de educación, salud o vivienda. En nuestro país ella está construida sobre un grado importante de desconfianza, a veces inadvertido, hacia las transferencias monetarias, sobre la base de que ellas se malgastarían. Se privilegia, entonces, un conjunto de programas, muchos de ellos incluso de escaso presupuesto, que aspiran a crear una capacidad en los beneficiarios que se estima les puede ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, es discutible que las estén generando esas, aun si cumplen los objetivos más específicos para los que fueron creados esos programas.

Su expansión explica una parte del aumento en el gasto en personas en el Estado, que ha subido desde un 3,4 por ciento del PIB hace 20 años a los niveles actuales, que se acercan al 5 por ciento del PIB. Por supuesto, también hay otros gastos asociados a esas iniciativas. En ese lapso, la literatura especializada prácticamente ha descartado la idea de que las transferencias monetarias se malgastan. Por cierto, hay casos en que ello ocurre, pero en general los recursos se usan apropiadamente para mejorar el bienestar de los hogares. El cambio de énfasis en la política social y la reasignación de recursos que ello traería consigo pueden generar los espacios para un apoyo monetario más decidido a los hogares mencionados. La economía política de esta transformación, sin duda, es compleja, pero al mismo tiempo es auspiciosa.

En esa innovación deben balancearse apropiadamente las transferencias condicionadas y no condicionadas. Hay un vehículo en la política social, el ingreso ético familiar, que se puede reforzar para estos propósitos. Al mismo tiempo, dichas transferencias ¯que no son subsidios proempleo¯ deberían vincularse más directamente con el esfuerzo laboral. En efecto, la tasa de participación de las personas entre 25 y 64 años en estos hogares es apenas un 66 por ciento, 19 puntos porcentuales inferior a la de los hogares con igual carácter demográfico, pero que no están en pobreza. A su vez, el desempleo en el primer grupo de hogares para las personas de esa edad se empina por sobre el 16 por ciento, mientras que para el segundo grupo es de menos de 5 por ciento.

Si bien el reconocimiento del esfuerzo laboral debe ser un componente central de las transferencias, probablemente es insuficiente si no se crean más oportunidades de trabajo para esas personas. Ello requiere de políticas complementarias. Por un lado, fortalecer sus competencias; un desafío que exige revisar las políticas de capacitación que sabemos, al menos desde 2012, son muy inefectivas y que, además, no llegan a estos sectores. Por otro, asegurar un mercado laboral que sea más amistoso con trabajadores que, en su mayoría, son poco calificados. Nada de esto puede hacerse de un día para otro, pero avanzar decididamente en esa dirección ofrece un camino promisorio para el país.

Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC