En un 17,5% cayeron los postulantes seleccionados a Pedagogía, esto es, de 13 mil 133 en la admisión 2025 a 10 mil 831 en la actual. Era una baja esperable, pues los números de seleccionados en los tres procesos de admisión anteriores estaban inflados. En efecto, en 2016 se aprobó la ley 20.903 —nueva carrera docente—, que estableció que, para postular a Pedagogía, las personas deberían cumplir con un desempeño académico mínimo en las pruebas obligatorias del sistema de admisión a las universidades o en su plantel escolar. En el primer caso, esto equivalía a un puntaje mínimo correspondiente al percentil 60 de la distribución del promedio de esas pruebas. En el caso de las notas de enseñanza media, debían estar en el 20% superior. Se estableció una transición donde las exigencias eran equivalentes al percentil 50 y las notas, al 30%, respectivamente. En la antigua PSU, el referido percentil correspondía a 502 puntos. Hasta la admisión 2022, último año de vigencia de esa prueba, los postulantes seleccionados fueron reduciéndose, hasta llegar a poco menos de 8 mil 700, como consecuencia de las exigencias.

En los siguientes tres años, los seleccionados estuvieron por sobre los 13 mil, pero eso, lejos de reflejar un mayor interés en Pedagogía, fue el resultado de una reducción artificial de los requisitos. Esto, pues la PAES, que se introdujo en 2023, cambió la escala, elevando los promedios de las pruebas obligatorias. Sin embargo, se mantuvo la exigencia de 502 puntos para Pedagogía, pese a que ahora equivalía solo al percentil 23 en lugar del percentil 50 que mandataba la ley. Este engaño fue el que aumentó los estudiantes seleccionados. Ahora, producto de una ley que rebajó la exigencia que correspondía en 2026 y que no era otra que la legislada hace una década, se definió un puntaje mínimo promedio de 543 puntos, equivalente al percentil 33, la exigencia que existía en 2016 para todas las postulaciones al sistema único de admisiones. Este puntaje mínimo subirá en los próximos procesos de admisión, para alcanzar el percentil 60 recién en 2030, es decir, 14 años después del acuerdo original.

Las autoridades educacionales futuras tendrán que ser categóricas para lograr que esto efectivamente ocurra y no se legisle un nuevo cambio. De hecho, conocidos los resultados de este año, ya se escucharon voces desde las facultades de Educación que volvieron a cuestionar las exigencias. Esto, recurriendo a dos argumentos. Por una parte, el anuncio de un gran déficit docente, que viene esgrimiéndose hace ya tiempo, sin evidencia robusta que lo confirme; más bien, la evolución del número de profesores en los últimos 15 años y las tasas de natalidad sugieren que el efecto más probable sea el contrario: un superávit de docentes.

El otro argumento es la idea de que las facultades de Educación tendrían la capacidad de lograr en sus programas transformar a jóvenes de bajo desempeño académico en profesores efectivos. No hay evidencia de que eso esté sucediendo. En cambio, distintos estudios apuntan a que es mucho más probable lograr un docente efectivo, que eleve los aprendizajes de sus estudiantes, si este ha tenido un desempeño académico previo satisfactorio. Por eso, no puede extrañar el que los países con buenos sistemas educativos intentan seleccionar a sus profesores de entre los estudiantes que logran altos desempeños académicos antes de ingresar a los programas de formación inicial docente. Así, la ruta que está siguiendo Chile, más allá de los lamentables tropiezos de los últimos años, es la correcta.

Por supuesto, deben seguir creándose las condiciones que permitan atraer a los jóvenes con aptitudes académicas a esta profesión. Aún se requieren esfuerzos en este campo. Al mismo tiempo, deben gestionarse mejor las deserciones de docentes que se producen en los primeros cinco años de la profesión. Si bien estas tasas están en línea con las de otras naciones, se trata, en muchos casos, de personas valiosas, que un buen sistema educativo debe intentar retener. Las inflexibilidades que tiene actualmente la regulación de esta profesión no constituyen un buen aliado para ello. Repensar no solo el estatuto docente sino el marco en el que se dan las relaciones laborales en educación escolar es algo indispensable.