Los estándares internacionales y las leyes chilenas son claros: el cuidado familiar debe ser siempre prioritario sobre el residencial. En particular, la Ley N° 21.302, que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, mandata en su artículo 24 la prioridad del cuidado familiar, especialmente en el caso de niñas y niños menores de tres años. La norma es clara: los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo integral y requieren vínculos afectivos estables, cuidados personalizados y un entorno familiar que una institución no puede reemplazar, menos aún una institución masiva. Es decir, a esa edad ningún niño debería vivir en una residencia.

Sin embargo, el viernes 23 de enero, un trágico accidente puso en evidencia cómo esa norma sigue siendo ignorada. Un niño de 3 años y 8 meses, que se encontraba bajo cuidado del Estado, se ahogó en la piscina de la Casa Nacional del Niño en Ñuñoa. A pesar de la reanimación inmediata y el traslado a apenas 200 metros de distancia, al SAPU Rosita Renard, el niño murió.

Mientras la justicia investiga qué sucedió exactamente, los datos con que ya contamos revelan un patrón inaceptable. Organismos fiscalizadores y la Defensoría de la Niñez han documentado en la Casa Nacional un hacinamiento estructural que vuelve imposible cumplir protocolos básicos de cuidado y supervisión. En ese contexto, tragedias como esta dejan de ser fortuitas para convertirse en predecibles.

Los números lo dicen todo. En 2018, el Estado de Chile se comprometió a cerrar las residencias masivas. Hoy, ocho años después, la Casa Nacional del Niño sigue funcionando con más de 90 niños alojados en un recinto diseñado para 80. Es decir, opera a 112% de su capacidad. El director del Servicio de Protección atribuye la persistencia de estos hogares masivos a “alta demanda”, pero eso no cambia la realidad: trabajadores del centro saben que en estas condiciones no pueden cumplir con los protocolos de cuidado que estas niñas y niños requieren y merecen.

Aquí es donde debemos enfrentar una verdad incómoda: como sociedad, somos corresponsables de todos los niños al cuidado del Estado. Cada día que permanecen en residencias sobrepasadas estamos tolerando un incumplimiento sistemático de nuestras propias leyes y de los tratados internacionales que hemos ratificado. De accidentes como el del viernes 23, somos todos corresponsables.

Existen alternativas. El cuidado en familias de acogida es viable, pero hoy no logra responder a las necesidades reales del país. Mientras Chile posterga las decisiones necesarias, ¿cuántos niños más seguirán creciendo en condiciones nocivas inaceptables y que nuestra propia ley prohíbe?

Arturo Celedón
Director ejecutivo Fundación Colunga