Señor Director:

La reciente solicitud de la Contraloría General de la República para acceder a datos que incluyen la identidad y antecedentes sensibles de niños, niñas y adolescentes atendidos en el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y otros usuarios del programa de salud Trans, ha generado una comprensible preocupación pública. No se trata de cuestionar la labor fiscalizadora del organismo contralor, sino de advertir los riesgos que una solicitud de esta naturaleza implica para derechos fundamentales.

La legislación chilena es clara: la ficha clínica y los datos de salud constituyen información sensible, protegida por la Constitución y por leyes especiales, como la de Derechos y Deberes del Paciente, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Garantías de la Niñez y la que protege los Datos Personales. Estas normas establecen un acceso estrictamente limitado a dicha información, precisamente para resguardar la privacidad, dignidad, derechos de los pacientes y el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Abrir la puerta al acceso nominal de estos datos no solo afecta a quienes hoy participan en el PAIG. Podría sentar un precedente preocupante para otros ámbitos del sistema de salud, como la atención en salud mental, VIH, enfermedades crónicas, violencia sexual o donación y trasplantes de órganos. En todos ellos se materializa que la confidencialidad es un pilar esencial de toda relación clínica.

La Contraloría puede y debe fiscalizar el uso de los recursos públicos, y para cumplir esa tarea puede acceder a información agregada, anonimizada y a los gastos asociados a programas de salud. Pero ello no requiere —ni justifica— acceder a fichas clínicas ni a datos personales sensibles. Proteger la privacidad en salud no es un obstáculo para la transparencia: es una condición básica de un Estado que respeta los derechos humanos.

Dra. Anamaría Arriagada Urzúa
Presidenta Nacional Colegio Médico de Chile