En entrevista con “El Mercurio”, el domingo, el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, delineó los principales objetivos del trabajo que iniciará a partir del 11 de marzo. Dos grandes ideas resaltan de su mensaje: un impulso desregulador decidido y un esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas.

Respecto de lo primero, Quiroz adelanta que la nueva administración llevará a cabo un ambicioso plan de simplificación regulatoria y de agilización en los tiempos de evaluación de los proyectos de inversión. Este será coordinado por Hacienda y el objetivo es destrabar miles de millones de dólares correspondientes a iniciativas que no reciben a tiempo sus autorizaciones, pese a que en muchos casos cumplen con los requisitos para ello. El futuro ministro hace notar que la agilización no implica rebajar estándares ni que todos los proyectos vayan a ser aprobados, pero sí apuesta a que, junto con despejar incertidumbres, una parte significativa de la inversión que hoy está paralizada a la espera de decisiones burocráticas podrá salir adelante y materializarse. Especialmente interesante resulta notar el rol central que Quiroz establece para el Ministerio de Hacienda en este diseño, que lo transforma en un coordinador multisectorial de la agenda desregulatoria. Esta responsabilidad es, en parte, novedosa, y puede contribuir a facilitar los esfuerzos en esta materia, evitando descoordinaciones que frenen los avances. Ello, claro, en la medida en que el ministro logre aunar criterios y objetivos con las otras carteras que estarán bajo su coordinación: Economía, Minería, Trabajo, Energía y Agricultura.

En la visión de Quiroz, este agresivo plan —el que también incluye como una de sus primeras medidas un decreto de desregulación del suelo— debiera tener un impacto dinamizador de la inversión y generar un repunte en el crecimiento, que se produciría relativamente pronto. En esto, llama la atención su optimismo —el repunte que anticipa no está aún refrendado por las expectativas mayoritarias del mercado ni por las proyecciones del Banco Central—, un ánimo que también lo lleva a fijarse una exigente vara para ser medido: ha dicho que su objetivo es llegar al final del período con una economía creciendo a tasas del 4%. Más allá de las condiciones externas, el impacto de la agenda que se anuncia jugará un papel crítico en alcanzar esas metas.

Un segundo tema planteado por la futura autoridad dice relación con la necesidad de consolidación fiscal. Quiroz, en efecto, reafirma la necesidad de hacer un importante ajuste fiscal, una parte fundamental del cual se materializaría a partir de la discusión presupuestaria 2027. En realidad, esa necesidad de ajuste se ha hecho evidente a partir de la mala gestión del actual gobierno en esta materia, pero a ello se agrega además el objetivo de la próxima administración de converger a un balance estructural al concluir el período. Como se ve, también aquí el futuro ministro establece metas exigentes que condicionarán de manera importante su gestión y la evaluación que de ella se haga.

Un mayor crecimiento económico —como el que anticipa Quiroz— y mayores ingresos del cobre permitirían aliviar el aumento de la deuda pública en los próximos años, pero no necesariamente sustituirán la necesidad de hacer los ajustes fiscales, salvo que aquellos elementos sean vistos como permanentes. O, para decirlo en otras palabras, el vínculo que el futuro ministro establece entre el mayor dinamismo económico que se logre y el tamaño del ajuste que sea necesario concretar estará finalmente relacionado con la capacidad que tenga la próxima administración para modificar ya no una cifra puntual, sino el crecimiento tendencial de nuestra economía. La dinámica de la productividad y de la inversión en los próximos trimestres dará luces respecto de aquello.