Al cerrar el Sename se hicieron, al menos, tres promesas explícitas al país: no más muertes por negligencia estatal; separar a los niños infractores de ley de aquellos que habían sufrido graves vulneraciones de derechos; y terminar con la internación de niños y niñas menores de cuatro años. La nueva institucionalidad, se dijo, marcaría un punto de inflexión. Nada de eso se ha cumplido desde la aprobación de la ley en 2022. La pregunta es inevitable: ¿por qué? Las consecuencias ya no son solo administrativas ni políticas. Son fatales. Este viernes recién pasado, un niño de tres años, separado de su familia y bajo la supuesta protección del Estado, murió ahogado en una piscina en un centro residencial de administración directa. Su nombre apenas alcanzó a circular antes de ser reemplazado por otro titular. Su muerte se suma a una lista larga y dolorosa, que crece pese a los discursos de cambio. ¿Otra vez? Chile cuenta hoy con una Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, alineada con los tratados internacionales que el país ha ratificado. La norma es clara: la internación de niños y niñas menores de cuatro años está expresamente prohibida, salvo circunstancias absolutamente excepcionales, priorizando siempre alternativas familiares. No es una aspiración ni una recomendación técnica. Es una obligación legal. Sin embargo, cuando se aprobó la ley, el Ejecutivo decidió postergar por cuatro años su exigibilidad plena, con el argumento de “preparar” al Sistema de Protección. El objetivo era desarrollar programas efectivos de Familias de Acogida, fortalecer la revinculación familiar y evitar separaciones innecesarias. Ese plazo ya se cumplió. Y el resultado es peor: más niños en residencias, más listas de espera, menos familias disponibles para acoger, más explotación sexual y nuevas muertes. Frente a este fracaso, la respuesta que hoy plantean algunos parlamentarios resulta tan alarmante como absurda: volver a correr el plazo. Postergar otra vez la aplicación de la ley para seguir preparando al sistema. ¿Estamos frente a desidia, irresponsabilidad o un delito? Recordemos que el Estado de Chile ya ha sido condenado reiteradamente por organismos internacionales —Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— por graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo su tutela. A esas condenas se suman informes del Poder Judicial, la PDI, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y comisiones investigadoras del Congreso, que por años han documentado negligencias, abusos, explotación sexual y muertes evitables. La evidencia es abrumadora. ¿Se necesitan más pruebas? Lo que resulta insoportable es que, pese al diagnóstico compartido, a la evidencia acumulada y a las promesas solemnes de “nunca más” y de “los niños primero”, la tragedia continúe bajo otro nombre, con otra institucionalidad y con presupuestos millonarios que no se traducen en protección efectiva. Hoy, más de 150 mil niños se encuentran bajo medidas de protección del Estado. De ellos, cerca de 15 mil viven separados de sus familias de origen donde 5 mil viven en residencias. Miles de historias marcadas por la precariedad, la intervención estatal insuficiente y, demasiadas veces, por la desprotección. Se nos dirá que ha habido avances. Que ahora existe una institucionalidad “robusta”. Que las subvenciones han aumentado. Que el problema es complejo. Todo eso puede ser cierto. Pero también lo es que las cifras de explotación sexual infantil y las muertes bajo custodia estatal siguen siendo una herida abierta que podría cerrarse con medidas concretas: Familias de Acogida profesionales, subsidios efectivos a familias de origen y un reglamento de adopción que ponga el interés superior del niño en el centro. Recursos hay. En las nuevas licitaciones, cada niño institucionalizado representará ingresos mensuales cercanos a los $2.300.000 para organismos colaboradores privados y más de $4.200.000 en las estatales. La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿por qué se siguen destinando tantos recursos a residencias y no a promover el derecho de niños y niñas a vivir en cuidados familiares? ¿Será el nuevo Gobierno el que marque un cambio real, haciendo cumplir la ley, previniendo separaciones innecesarias y financiando cuidados familiares de calidad? ¿O seguirán administrando las urgencias hasta la próxima muerte por negligencia? La Ley de Garantías no es un documento simbólico ni un gesto comunicacional, establece deberes concretos y sanciones explícitas frente a su incumplimiento. Sin sanción, no hay aprendizaje institucional. Sin consecuencias, la promesa de protección nunca llega. El final de esta columna no puede ser una conclusión, porque la historia sigue abierta. Será un final el día en que la muerte de un niño bajo custodia del Estado sea un hecho excepcional y no un titular que se repite año a año. Ese día llegará solo cuando dejemos de preguntarnos “por qué” y empecemos a actuar con la determinación que el derecho, la ética y la simple humanidad exigen. Mónica Jeldres Salazar
Jueza Segundo Juzgado de Familia de Santiago

Rafael Rodríguez Walker
Gerente de Desarrollo Fundación San Carlos de Maipo