Señor Director:

Los incendios de interfaz urbano-rural que han afectado al sur de Chile no solo revelan la fragilidad del territorio frente a amenazas conocidas, sino también las consecuencias concretas de decisiones políticas tomadas con anterioridad y que hoy pasan casi desapercibidas en el debate público.

Según el marco nacional de gestión del riesgo de desastres, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) —en sus niveles comunal, provincial, regional y nacional— son los encargados de coordinar acciones en las fases de preparación, respuesta y rehabilitación. Sin embargo, estas estructuras requieren algo básico para funcionar: recursos oportunos y continuidad presupuestaria.

Durante 2025, la oposición rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados partidas presupuestarias clave asociadas al funcionamiento del Estado, incluidas aquellas vinculadas a la gestión de emergencias. No fue sino hasta el 29 de noviembre cuando dichas partidas fueron finalmente aprobadas por el Senado. Este retraso político-administrativo ralentizó la ejecución presupuestaria, limitó la planificación y dejó al sistema operando con márgenes mínimos. Un mes y medio después, el país enfrenta una catástrofe antrópica de gran magnitud.

Pretender que este desfase no tiene efectos reales es, al menos, irresponsable. La lentitud del Estado en emergencias no responde solo a burocracia o licitaciones obligatorias, sino también a decisiones políticas que postergan recursos críticos por cálculo, ego o disputa ideológica.

A este escenario se suma otro problema grave: la proliferación de iniciativas individuales impulsadas por influencers y figuras públicas que, en lugar de coordinarse con Senapred, municipios o centros de acopio oficiales, canalizan ayuda desde el protagonismo personal. Esta lógica de figuración desordena la distribución de recursos y daña una fase esencial del ciclo posemergencia: la rehabilitación, entendida como el proceso que permite a las personas recuperar servicios básicos, medios de vida y una mínima normalidad.

La solidaridad ciudadana es valiosa y necesaria, pero no puede reemplazar la responsabilidad institucional ni corregir decisiones políticas mal tomadas. Tampoco puede convertirse en espectáculo. La gestión del riesgo exige seriedad, previsión y coherencia entre el discurso y los actos, especialmente cuando se discuten y aprueban —o se rechazan— los presupuestos que sostienen al sistema.

Waldo Marcel González Soto
Experto en Gestión de Riesgo y del Desastre