El Gobierno prometió que el FES reemplazaría al CAE y que traería alivio a las familias. Pero conviene mirar más allá del eslogan. Porque tras las indicaciones ingresadas al Senado, lo que asoma no es una corrección profunda al proyecto original, sino el riesgo de un sistema que conserva —y en algunos aspectos agrava— los defectos que ya hemos mencionado otras veces.

Dicho sin eufemismos: el FES y sus indicaciones pueden transformarse en una nueva trampa, tanto para los estudiantes como para el sistema de educación superior, y también para el delicado equilibrio fiscal en que se encuentra Chile.

Partamos por lo esencial. El FES se ofrece como “crédito”, pero no funciona como uno. En un crédito real, el estudiante conoce el monto de la deuda, la tasa y el total que pagará si cumple. Las reglas del juego son claras. En el FES eso no existe. El egresado pagará según su ingreso, y el costo final no queda nítidamente determinado desde el inicio. Eso es la definición de un impuesto.

Esto no es un debate técnico. Es un asunto de confianza. Un instrumento opaco siempre deja una puerta abierta: aumentar la carga sin que se note, traspasar costos sin explicarlos y convertir una obligación universitaria en un compromiso extendido en el tiempo. El Estado debe ser especialmente cuidadoso cuando diseña mecanismos que, por definición, se proyectan durante años sobre la vida de las personas. Si se cambia un sistema por otro, lo mínimo es que el nuevo sea más claro, no más confuso.

Segundo: el FES puede salir más caro. Aunque se evite hablar de interés, el diseño contiene una tasa implícita que puede ser superior a la del CAE actual. Y además incorpora un tope de pago que puede llegar a dos veces el costo de la carrera. Esto se presenta como un límite “razonable”. Pero en la práctica será un castigo para quienes tengan trayectorias laborales estables o mayores ingresos. El mensaje es inquietante: al que le va mejor, se le cobra mucho más. ¿De verdad queremos instalar un sistema donde el éxito profesional se penaliza?

Tercero: se debilita el mérito. El proyecto deja atrás becas masivas que han acompañado por décadas a estudiantes esforzados —Bicentenario, Nuevo Milenio, Juan Gómez Millas— y las reemplaza por obligación futura. Cambia el sentido del apoyo público: se ayuda menos hoy y se cobra más mañana. Chile necesita ampliar oportunidades, pero también necesita una cultura que premie el esfuerzo y el talento. Sin mérito, la movilidad social se transforma en promesa vacía. Y sin incentivos adecuados, el sistema empuja a la mediocridad, justo cuando el país necesita excelencia.

Cuarto: el FES castiga al Chile real al excluir la educación a distancia. La educación online ha crecido porque permite estudiar a quienes trabajan, a quienes viven en regiones, a madres jefas de hogar y a miles que no pueden trasladarse a estudiar a un lugar específico. No es un “segmento” marginal: es una tendencia mundial. Dejarlo fuera es cerrar puertas en el momento equivocado y negar una realidad tecnológica que llegó para quedarse. Paradójicamente, se habla de futuro mientras se legisla con categorías del pasado.

Quinto: el “cupo FES” introduce un elemento tóxico. Un estudiante puede cumplir requisitos, ser aceptado por una institución, y aun así quedar fuera si se acabaron los cupos financiables. Es racionamiento. Es incertidumbre. Es transformar el acceso a la educación en una lotería. Y, como siempre, el golpe más duro lo reciben quienes no tienen un plan B. En la práctica, el derecho a estudiar queda condicionado a una disponibilidad administrativa, no al esfuerzo ni al mérito.

Y finalmente está el tema más delicado: el riesgo fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que el FES, por sí solo, es deficitario. Chile ya vivió el costo de proyecciones optimistas e irreales con el CAE y la gratuidad: promesas que terminaron en cuentas gigantescas. Repetir ese camino sería una irresponsabilidad histórica. Más aún en un contexto de estrechez presupuestaria, cuando el Estado tiene urgencias sociales apremiantes y no puede darse el lujo de improvisar.

El Senado tiene aquí un deber mayor: No aprobar un instrumento por su relato, sino por sus resultados. La reforma al financiamiento estudiantil debe buscar tres objetivos básicos: transparencia, justicia y sostenibilidad. Si falta uno de esos pilares, el sistema se vuelve frágil y termina fallando. El FES pudo haber sido una oportunidad, pero hoy se parece demasiado a un impuesto disfrazado, con riesgo de encarecer el costo real de estudiar, debilitar el mérito, cerrar la puerta a la educación online, introducir cupos e instalar incertidumbre, todo ello sobre un diseño fiscalmente frágil.

Cambiar de nombre sin resolver el verdadero problema del financiamiento estudiantil y del sistema de educación superior no es reforma. Es solo provocar una crisis. Y Chile ya tiene demasiadas.

Federico Valdés
Rector Universidad del Desarrollo