Todo apunta a que la herencia que dejará el Gobierno en materia fiscal será incluso peor de lo que hasta hace poco se anticipaba. En 2025, y por tercer año consecutivo, esta administración incumplirá sus metas de déficit estructural por una distancia muy significativa. Con ello, la deuda pública se acercará al 45% del PIB y, peor aún, los compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto para 2026 difícilmente se alcanzarán.

En efecto, el erario aprobado para el próximo año asume un déficit estructural de 1,1% del PIB, pero todo sugiere que, bien calculado, el déficit estructural para 2026 será fácilmente superior al establecido en 1,5 puntos del PIB, considerando la peor base, la sobreestimación de ingresos y el hecho de que el reajuste fiscal no fue provisionado en la respectiva ley. En otras palabras, para cumplir con las metas establecidas en el Presupuesto será necesario un ajuste fiscal de por lo menos 4.500 millones de dólares en el gasto. Considerando que la próxima administración ha mantenido el objetivo de rebajar la tasa de impuesto corporativo, medida importante para reactivar la inversión, la necesidad de un ajuste fiscal se hace aún más patente.

Los mayores ingresos del cobre —de naturaleza transitoria— podrían evitar un déficit efectivo mayor, y con ello contener el crecimiento de la deuda pública, pero no entran en el cálculo del déficit estructural, por lo que si bien apuntalan uno de los objetivos fiscales, cual es evitar que la deuda pública supere un 45% del PIB, no solucionan el segundo problema. La excepción sería que el mayor precio del cobre fuese también considerado estructural, lo que constituiría una mala decisión. A su vez, un mayor crecimiento económico —que el futuro ministro de Hacienda anticipó ayer, en entrevista con “El Mercurio”— tampoco representa un alivio para las cuentas estructurales. La mayor actividad aumentaría los ingresos corrientes, poniendo un techo a la deuda, pero no incrementando los ingresos estructurales. Nuevamente, la excepción sería que el mayor crecimiento fuese también considerado estructural.

La herencia fiscal del gobierno del Presidente Boric no es positiva, y las últimas tendencias muestran incapacidad o simple indolencia en buscar corregir la trayectoria de altos déficits. Como está explicado, si bien los compromisos de la administración entrante en cuanto a contener el incremento de la deuda podrían verse favorecidos por un alto precio del cobre o por un mayor crecimiento, ninguno de estos fenómenos es capaz de mejorar la situación desde un punto estructural, salvo que se considerasen como cambios permanentes. Por ello, un ajuste fiscal importante es inevitable. El Presidente electo y su equipo económico tenían razón al haberlo planteado así en la campaña. Y las cifras fiscales sugieren que habrá que trabajar duro para concretarlo.