Nuestra disputa política nacional ha soslayado la discusión sobre si la acción de los Estados Unidos en Venezuela se enmarcó en el campo del Derecho Internacional o no, tema que no es superfluo. Incluso el destacado profesor José Joaquín Ugarte la vinculó a la intervención humanitaria que considera dicho Derecho.

La pregunta es si un conjunto de normas de ese tipo puede tener validez permanente en todo tiempo y lugar, basado en los casos pretéritos citados por los tratadistas de siglos anteriores, o si las condicionantes históricas de hoy disminuyen el valor de aquellos precedentes. Se trata de un conflicto entre la historicidad de las personas y sociedades, frente a la inmutabilidad de ciertas normas consideradas como sobre y fuera del tiempo y del espacio.

Validar la intervención en Venezuela requiere considerar los planteamientos y acciones anteriores y, a la vez, las acciones y declaraciones posteriores. Si bien lo anterior no dejó claro la real preocupación por Venezuela y su gente para centrarse en las drogas y el petróleo, las acciones y declaraciones posteriores se han ido desentendiendo, cada vez más, del beneficio venezolano para, en cambio, reafirmar la primacía de los intereses económicos, geopolíticos y de poder estadounidenses. Esto genera una incertidumbre y una sensación de desprotección y de estar expuestos permanentemente al dictamen del poderoso. Quizás no sea descabellado compararlo con las acciones y declaraciones de la Unión Soviética para consolidar su preponderancia en la Europa del Este durante la Guerra Fría.

En la actualidad ya no parece que sea Venezuela y su gente la protagonista de las acciones emprendidas por los Estados Unidos. Su pretensión sobre Groenlandia, que implica una ofensa a Dinamarca y a sus aliados de la OTAN, comprueba el hecho de que antepone su seguridad a cualquier otra consideración, a la vez que alejar la influencia de China y Rusia de su ámbito geopolítico. La amenaza de intervención militar en México para desbaratar carteles de la droga completa este cuadro.

Las situaciones de hecho que están generando los Estados Unidos, que parecen derogar todo derecho, impelen a los tratadistas del Derecho Internacional para actualizar la validez de planteamientos de siglos anteriores, desarrollados para un mundo muy diferente del de hoy, de modo que ahora consideren con claridad la protección a las personas, a las sociedades y sus tradiciones, junto a la necesidad de amparar la soberanía de las naciones.