El país no puede estar satisfecho con los resultados que está logrando en educación. Salvo los avances registrados en cuarto básico, que no se comprenden bien, hay casi tres lustros de estancamiento en los aprendizajes. Incluso en la educación media hay un claro retroceso. Más de la mitad de los niños en cuarto básico no leen fluidamente. Hay inasistencias graves de una proporción relevante de estudiantes, y la convivencia escolar está resentida. Se mantiene una heterogeneidad enorme en desempeños de distintos planteles, aun después de controlar por la composición socioeconómica de los alumnos. Los colegios y sus equipos directivos están ahogados en exigencias administrativas duplicadas e inconducentes. La incapacidad de atraer, retener y preparar buenos profesores no ha recibido suficiente atención. En educación superior, se invierten cuantiosos recursos en gratuidad y en otros financiamientos estudiantiles, pero con escasa innovación en la formación de pregrado. Una desmunicipalización mal concebida y el término de facto de los liceos emblemáticos tienen a la educación pública debilitada. La educación parvularia está estancada. En los niveles medio menor y mayor cada vez más países se mueven a coberturas cercanas al 100%; Chile no supera el 55%.

De este cuadro se desprende un conjunto de iniciativas que deberían ocupar la agenda de la futura ministra de Educación. Así, por ejemplo, que en 2030 todos los niños egresados de segundo básico lean apropiadamente textos para su edad es un logro posible si se avanza hacia una articulación más efectiva de políticas vigentes y una reasignación de recursos. Iniciativas público-privadas como “Por un Chile que lee” han sugerido una agenda para ello. La desburocratización de la educación escolar es un asunto que la nueva ministra ha estudiado con atención y podría abordar con rapidez y efectividad.

Otorgar una mayor flexibilidad a la organización de la educación pública, incluyendo la posibilidad de que municipios con buenos resultados puedan mantenerse como sostenedores, es una reforma compleja, pero posible de acordar. Esto se podría acompañar con pequeños cambios al sistema de admisión escolar que permitan la selección por aptitud académica en los liceos y que otorguen una flexibilidad acotada a los directores.

Crear nuevos instrumentos —por ejemplo, una subvención escolar para la educación parvularia— facilitaría el aumento de cobertura en ese nivel. Por cierto, debe compatibilizarse con la realidad fiscal del país, pero la caída en la natalidad abre espacio para pensarlo. Si no se aprueba el FES, va a ser inevitable que el Ministerio se haga cargo de reformular el CAE, por el alto costo fiscal que está teniendo; asegurar mayores niveles de recuperación de los créditos es un desafío evidente. Finalmente, una agenda bien diseñada y estructurada para atraer y retener profesores efectivos, y asegurar una formación inicial y continua de gran calidad, es un eje estratégico que no puede seguir postergándose.