Señor Director:

Chile enfrenta hoy una de las mayores urgencias sanitarias de su historia. El cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país y, pese a los avances normativos de los últimos años, la brecha entre la ley y la realidad que viven los pacientes sigue siendo inaceptable.

En los últimos cuatro años se aprobaron leyes con impacto directo en la vida de las personas, como la que exime del requisito de orden médica para acceder a una mamografía —medida impulsada por Fundación CARE— y la Ley del Olvido Oncológico, que pone fin a la discriminación financiera y laboral de quienes han superado la enfermedad tras cinco años de alta clínica.

Sin embargo, estos avances conviven con retrocesos y deudas estructurales que hoy tienen dramáticas consecuencias. La Ley Nacional del Cáncer, vigente hace cinco años, sigue sin implementarse plenamente. Chile continúa con las mismas siete regiones con centros oncológicos que tenía en 2018 y, en los últimos cuatro años no ha habido ningún solo avance al respecto, ni siquiera se ha inaugurado centro regional alguno. *A esta crítica realidad, se suma una baja ejecución del presupuesto de inversión y equipamiento —que en el período 2022 a noviembre 2025 alcanzó un 79%, quedando sin ejecutar la impactante suma de $547 mil millones de pesos (equivalentes a más de 12 teletones)— y la ausencia de un Registro Nacional de Cáncer plenamente operativo, una herramienta básica para planificar y ejecutar políticas públicas efectivas.

Como si esto fuera poco, las listas de espera oncológicas se han transformado en una verdadera agonía. Las garantías GES vencidas han aumentado cerca de un 500% respecto del período previo a la pandemia, pasando de un promedio de 2.000 a más de 15.000 casos. Detrás de estas cifras hay personas esperando diagnósticos y tratamientos, no trámites administrativos. En muchos casos, las garantías se vencen sin diagnóstico, lo que impide continuidad de atención y deja al paciente en un limbo sanitario inadmisible.

Fonasa sabe perfectamente quiénes son estos pacientes y cuándo se vencen sus garantías, pero el sistema sigue descansando en que sea el propio enfermo quien reclame. Esta lógica es profundamente injusta: la carga no puede recaer en quien está enfrentando una enfermedad grave, sino en la institución responsable de garantizar el acceso oportuno a la atención.

A esta situación se suma el retraso, de más de un año, en la tramitación de la Ley N° 17.375, que permitiría la derivación automática a un segundo prestador y la creación de un Servicio de Salud Digital. En un país con una alta escasez de especialistas y profundas brechas territoriales, la salud digital no es un complemento, sino una herramienta urgente para salvar vidas. También preocupa la falta de actualización regular y transparente del listado de Drogas de Alto Costo, que ha dejado fuera tratamientos fundamentales y ha enfrentado problemas de stock.

Este llamado no es nuevo, lo hemos hecho anualmente durante los últimos 4 años cada vez que hemos ido a iluminar el Congreso de color rosa en el marco del mes del cáncer de mamas. Lamentablemente, el avance ha sido lento y muy distante de la urgencia que esta enfermedad exige.

El inicio de un nuevo gobierno abre una oportunidad decisiva. Los desafíos están claramente identificados: cumplir efectivamente la Ley Nacional del Cáncer, reducir las listas de espera, garantizar el respeto de las garantías GES, fortalecer la detección precoz, avanzar en salud digital y asegurar equidad territorial en acceso a diagnósticos y tratamientos. Más allá de cualquier diferencia política, el cáncer debe ser una causa país.

El cáncer no espera. No distingue ideologías ni calendarios políticos. Cada día de retraso tiene un costo humano irreversible. Chile tiene la capacidad de hacerlo mejor. Lo que no tiene es tiempo que perder.

Cecilia Bolocco
Presidenta
Fundación Oncológica CARE