Señor Director:

En carta de ayer, el señor Rodrigo Reyes sostiene que nadie discute el derecho a tener creencias personales, pero advierte sobre el riesgo de que, desde cargos públicos, estas convicciones se transformen en criterios para imponer visiones privadas en un Estado laico, especialmente en materias sensibles vinculadas a los derechos de las mujeres. Coincido plenamente con esa advertencia.

Solo me parece curioso leer estas palabras después de casi seis años en que se ha intentado imponernos cómo hablar, afirmando que ahora todos debíamos ser “todes”, que quien está por nacer era apenas “un montón de células”, que referencias a “cosmovisiones ancestrales” se utilizaran para definir los actos del Estado y que una larga lista de convicciones ideológicas no solo debieran aceptarse sin discusión, sino asumirse casi como un deber cívico. Todo ello ocurrió al punto de intentar consagrarlas en la mayor de nuestras leyes, que es la Constitución.

La preocupación por no imponer visiones personales resulta más creíble cuando esa misma cautela se mantiene de manera consistente en el tiempo, algo que no siempre estuvo presente en el debate público, el sistema educativo, la legislación ni en el discurso oficial, donde con frecuencia se descalificó a quien pensara distinto. El Estado laico no solo puede verse afectado por creencias religiosas, sino también cuando ciertas ideologías pretenden instalarse como verdades indiscutidas.

Fernando Marín Cruchaga