Señor Director:

En reciente columna en “El Mercurio” sobre el futuro de la educación superior en Chile, José Joaquín Brunner y Mario Alarcón afirman que el próximo gobierno heredará un sistema cada vez más dependiente de decisiones públicas y en constante disputa. Tienen razón. Pero ¿es importante?, ¿es un problema? Claro que sí. En las últimas décadas, el desarrollo y consolidación de la educación superior en cobertura y calidad ha sido más bien el fruto de la fuerza competitiva del emprendimiento privado, que permitió rapidez, escala y diversificación, en un marco de relativa autonomía. Sin embargo, desde que se crea la gratuidad, se encamina hacia una creciente e inquietante tensión: el financiamiento de la mayoría de las instituciones depende de una comisión que fija los aranceles regulados y de lo que Hacienda dispone como holguras presupuestarias. En paralelo, las instituciones destinan parte importante de su tiempo a convencer al ente acreditador de que tienen los méritos para llevarse una tajada mayor de una “piñata” fiscal fija. La deriva hacia una burocracia reguladora y un financiamiento público cada vez más dependiente y escaso es el riesgo actual y que el FES solo contribuiría a consumar. En ese contexto, Brunner y Alarcón se preguntan por los pasos de las nuevas autoridades. Insinúan un evidente prejuicio: las “derechas radicales” miran “con desconfianza a la academia” como un “problema que limitar” y donde las universidades dejan de ser un “activo estratégico”. Quizás la orientación del nuevo gobierno sea otra y responda a poner un dique frente a otra marea más peligrosa del progresismo de izquierda, que inunda actualmente los campus de los EE.UU.: la cultura de la cancelación, que pone el fin al pluralismo y la libertad académica.

Carlos Williamson
CLAPES UC