La reciente aprobación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable marca un hito fundamental en la historia social de Chile. Más que una simple reforma, esta ley representa un cambio de paradigma en la forma en que el Estado y la sociedad se relacionan con las personas mayores, una transición desde una visión asistencialista hacia un enfoque basado en derechos y en la dignidad de la persona.

La importancia de esta legislación radica en su capacidad para reconocer a las personas mayores como sujetos activos y con plena capacidad de decisión. Al consagrar 15 derechos específicos, que incluyen desde la no discriminación por edad hasta la autonomía y la participación social, la ley sienta las bases para construir una sociedad que valora la experiencia y la contribución de sus mayores. El fortalecimiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y la creación de un procedimiento judicial contra el abandono son herramientas concretas que materializan este nuevo compromiso.

Este logro no surge en el vacío. Es el resultado de un largo proceso de maduración política y social, que comenzó el año 2018 con la creación del “Consejo Ciudadano de Personas Mayores” y el ingreso del proyecto en 2019 y que a lo largo de estos años, en un trabajo y diálogo mancomunado, se ha podido avanzar para garantizar el bienestar de los adultos mayores. Aquí, cabe reconocer a dos grandes senadores que se la jugaron por esta iniciativa: Carolina Goic y David Sandoval.

Junto con esta ley, se suman otras iniciativas, impulsadas por el expresidente Sebastián Piñera, como la eliminación del 7% de salud; la rebaja y no pago en contribuciones; la reducción en el pago del pasaje del transporte público; el fortalecimiento del Pilar Solidario, y el aumento en las pensiones gracias a la Pensión Garantizada Universal. Todo esto y mucho más forma parte del legado que construyó el camino hacia esta ley integral. Este es un recordatorio de que las grandes transformaciones sociales trascienden los gobiernos y se consolidan como una política de Estado.

Sin embargo, la ley es solo el primer paso para enfrentar uno de los desafíos más estructurales de nuestro tiempo: el envejecimiento poblacional. Los datos del Censo 2024 son elocuentes, mostrando que Chile es uno de los países que envejecen más rápidamente en América Latina. Esto nos impone retos monumentales en el ámbito de la salud, la sostenibilidad de las pensiones, la planificación urbana y la cohesión social. Debemos asegurar que la autonomía no se traduzca en soledad y que la mayor esperanza de vida venga acompañada de bienestar y propósito.

El futuro nos exige, por tanto, no solo aplicar esta ley con eficacia, sino también profundizar en una cultura del envejecimiento positivo. Se trata de un desafío que convoca a todos los sectores: al Estado, para adaptar sus políticas; al sector privado, para innovar en servicios; y a la sociedad civil, para fortalecer los lazos comunitarios e intergeneracionales. La vejez no es una carga, sino una etapa más del desarrollo de la vida que, con las condiciones adecuadas, puede ser de plenitud y sabiduría. La nueva ley nos da el mapa; ahora, recorrer el camino es una tarea de todos.

Cecilia Morel