Señor Director:

La discusión en torno a la futura ministra de la Mujer se ha desviado hacia un punto que no es el central. Nadie cuestiona su derecho a profesar una religión, ni a sostener convicciones personales de carácter moral o espiritual. Esa libertad es inherente a toda persona en una sociedad democrática.

Lo que legítimamente preocupa es otra cosa: que, desde un cargo público, dichas convicciones puedan transformarse en criterios para imponer visiones personales en materias donde el país ha avanzado y ha zanjado acuerdos desde el marco del Estado laico y el ordenamiento jurídico vigente, especialmente en temas sensibles vinculados a los derechos de las mujeres.

No se trata de imponer creencias a nadie, sino precisamente de lo contrario: de resguardar que el Estado no imponga convicciones privadas —religiosas o de cualquier índole— por sobre decisiones colectivas adoptadas democráticamente.

Rodrigo Reyes Sangermani