La Dipres es una de las unidades clave para que la política pública tenga coherencia, disciplina y sentido de largo plazo. Desde allí se formula la Ley de Presupuestos, se fijan techos de gasto, se programa financieramente al sector público y se controla la ejecución de los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Así, el resguardo de su prestigio debe ser un interés central del Estado. El fortalecimiento de la calidad del capital humano y físico de sus estamentos, particularmente la Subdirección de Presupuesto y la Subdirección de Racionalización y Función Pública, fue históricamente un objetivo central de los gobiernos.

Y es que, bajo el alero de la política fiscal, la Dipres ordena prioridades, vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas y asesora a Hacienda en decisiones tan sensibles como inversiones en infraestructura, negociaciones salariales o proyectos de ley con impacto fiscal. Su rol técnico es esencial para que el Estado funcione sin improvisaciones ni desequilibrios. Y más allá de su mandato de realizar un control contable, al integrar instrumentos de gestión, evaluar desempeño y administrar sistemas como el de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), debe impulsar y conducir una indispensable agenda de eficiencia.

Fortalecer el presupuesto como herramienta de asignación estratégica, mejorar la estimación de ingresos y coordinarse fluidamente con ministerios y el Congreso es condición para que las prioridades del gobierno se traduzcan en políticas efectivas y fiscalmente responsables. Así, el trabajo riguroso de la Dipres no solo ordena cifras: protege la credibilidad del Estado y la calidad de nuestra democracia.

Errores y cuestionamientos recientes

Bajo la administración Boric, la Dipres ha acumulado un largo listado de errores que han mermado la credibilidad de sus análisis.

En primer lugar, la desprolijidad en las proyecciones de ingresos fiscales se ha convertido en un tema central. Los reiterados desvíos respecto de las metas de balance estructural en 2023 y 2024 evidenciaron una fragilidad preocupante en el corazón del proceso presupuestario. No se trató solo de errores asociados al ciclo económico o a shocks externos, sino —como muestran los informes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)— de sobreestimaciones relevantes vinculadas a factores idiosincráticos, es decir, a decisiones metodológicas y supuestos propios de los equipos de dicha entidad.

Un informe del FMI de abril del 2025 puso el foco en estos problemas. Su diagnóstico fue especialmente crítico respecto de las prácticas de la autoridad responsable, a la vez que reconoció que Chile enfrenta condiciones adversas para proyectar con precisión: alta exposición a shocks externos, una estructura impositiva concentrada en fuentes volátiles y una secuencia frecuente de reformas tributarias con resultados difíciles de anticipar. El FMI advirtió que no bastaría con refinar modelos estadísticos, sino que sería necesario adaptar toda la estrategia de proyección a un entorno estructuralmente inestable. El que este diagnóstico no haya sido anticipado por los propios equipos de la Dipres dio cuenta de los problemas de su gestión.

Una segunda fuente de críticas ha estado en la cuantificación de los impactos fiscales de importantes proyectos, algunos transformados en leyes. Fue el caso de la reforma de pensiones, cuya tramitación no contó con un estudio acabado y pausado de todos sus costos. Posteriormente, el debate respecto de la fórmula y la contabilidad del costo fiscal del proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) ha generado fuertes reparos de Contraloría y el CFA. Y los cuestionamientos sobre el recién aprobado reajuste del sector público, sin financiamiento asegurado —el déficit se estima en US$ 820 millones—, representan la manifestación más reciente de las fallas.

De este modo, los riesgos fiscales solo se han incrementado. Baste reparar en la evolución que ha tenido el déficit fiscal del año recién pasado para entender la profundidad del problema. Mientras que en el tercer trimestre (Q3) del 2024 la Dipres anticipaba un déficit de -1,1% para 2025, en su reporte de Q1 del 2025 lo elevó a -1,6%, en Q2 a -1,8% y en Q3 a -2,2%. Estimaciones recientes han apuntado a que el deterioro podría ser aun mayor. Quizás esto explique informaciones que apuntan a problemas de caja dentro del Estado que afectarían el pago de servicios. La reiteración de este tipo de desprolijidades es inaceptable. Tanto como la falta de consecuencias para las personas responsables.

Un nuevo punto de partida

Considerando la urgencia de resolver el problema fiscal, el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, ha definido dentro de sus prioridades el reposicionar a la Dipres como un órgano de alta calidad y estándares técnicos. Es posible anticipar al menos cuatro líneas de acción: un trabajo técnico para asegurar la credibilidad de sus cifras, mejorías en los estándares de sus informes financieros, recuperar el ímpetu modernizador del Estado que la caracterizó en el pasado y mejoramientos en la contabilidad y transparencia.

Para ello, será necesaria una renovación de los cuerpos técnicos de la Dirección que encabezará José Pablo Gómez, y configurar una contraparte técnica en la Subsecretaría de Hacienda que pueda contribuir a mejorar los estándares de la discusión en Teatinos 120.