Señor Director:

La madrugada del martes 20 del presente mes falleció en su celda del recinto penitenciario de Colina 1 el Comisario (r) de la PDI don H.H.A.M. (Q.E.P. D.) de 92 años de edad, quien se encontraba enfermo de gravedad. Al empeorar su estado concurrió a la enfermería donde luego de ser observado, se le dio una pastilla y fue enviado de vuelta a su celda. Falleció durante la noche. En condiciones similares y en el mismo recinto penal, en el año 2018, falleció enfermo en su celda el SOM (r) don L.B.S.J. (Q.E.P.D.), de 87 años de edad; el SOM ese día se sintió mal, tenía fiebre, concurrió a la enfermería, le dieron una pastilla para la fiebre. Murió esa noche. Ambos fallecieron por falta de una debida y oportuna atención médica que, desde luego, un recinto carcelario no puede otorgar.

Los dos casos referidos son ejemplos dramáticos de la situación en que se mantiene a los internos de Colina 1, Punta Peuco y otros recintos carcelarios en que se encuentran cumpliendo condena exuniformados procesados y condenados por juicios relativos a derechos humanos. En la mayoría de los casos, se trata de personas de muy avanzada edad, muchos de ellos enfermos física y/o mentalmente, al punto de encontrarse en situación de salud terminal y /o deficiencia mental sin reversión y en constante deterioro.

Pregunto, ¿qué sentido tiene mantener en condiciones crueles de sufrimiento a seres humanos enfermos, tantos sin posibilidad de rehabilitación o de valerse por sí mismos, y en recintos donde, desde luego, no tienen ninguna posibilidad de ser atendidos? ¿No es más lógico y humanitario conmutarles la pena por reclusión en sus propias residencias para que sus familiares se hagan cargo de ellos en los últimos días de su vida? Pero tengo, aún, una pregunta que resulta todavía más quemante: ¿No será que se busca, precisamente, llevarlos a la muerte más indigna y con el mayor sufrimiento posible para ellos y sus familiares y de convertir los recintos penales en que se encuentran en “campos de exterminio”?

Hago votos para que el “gobierno de emergencia” que inicia sus funciones en marzo, se haga cargo de esta “emergencia humanitaria”.

Francisco Bartolucci Johnston