Señor Director:

El 1 de mayo del año pasado alertamos a través de la prensa sobre la norma de la Ley N°21.724 que obligaba a personas mayores de 75 años a cesar sus funciones en el servicio público, incluidas las labores académicas en las universidades. Argumentamos que tenía visos de inconstitucionalidad y era una medida errada porque la experiencia es un activo para la docencia y la investigación. El Congreso Nacional acaba de aprobar una ley que enmienda parcialmente esta situación, y exceptúa de la aplicación de esta norma a profesores destacados. Lo anterior abre un espacio a la discriminación en la elección de esos docentes. Solo en el caso de la Universidad de Chile son más de 400 los académicos que deben acogerse a esta disposición. A lo anterior se suma otra consideración de especial gravedad: lo aprobado por el Parlamento establece explícitamente que esta disposición beneficia a las autoridades unipersonales electas de las universidades estatales, tales como rectores y decanos que reúnan esta condición. ¿A quién beneficia esta excepción?

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Decano Facultad de Derecho Universidad de Chile