Apenas cien días después de haber asumido la presidencia del Perú, José Jerí enfrenta una crisis —el llamado “Chifagate”— que erosiona el principal activo de cualquier gobierno de transición: la credibilidad. La revelación de reuniones no registradas con empresarios chinos —realizadas fuera de agenda oficial y en espacios privados— terminó por instalar la sospecha en torno al Ejecutivo, justo cuando el país se aproxima a una nueva elección presidencial, fijada para abril de este año. No es un detalle menor: Jerí llegó al Palacio de Gobierno con la misión explícita de garantizar estabilidad institucional y conducir un proceso electoral ordenado. Hoy, esa promesa aparece seriamente comprometida.

Los encuentros con el empresario Zhihua Yang y los vínculos indirectos con Ji Wu Xiaodong, investigado por presuntos delitos ambientales, ya motivaron una indagatoria preliminar del Ministerio Público y obligaron al mandatario a comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Además, se han presentado seis mociones de censura contra el gobernante, cuyo destino, en el caótico sistema político peruano, es siempre una incógnita.

Jerí ha reconocido errores administrativos, pero niega irregularidades. Sin embargo, en política, la omisión reiterada pesa casi tanto como el hecho mismo. La imagen de un presidente que no transparenta sus reuniones resulta particularmente dañina en un país donde la desconfianza hacia la élite gobernante es estructural.

Y es precisamente allí donde el caso adquiere una dimensión mayor. Perú no enfrenta un escándalo aislado, sino la continuidad de una historia marcada por la corrupción al más alto nivel. Alejandro Toledo, por ejemplo, cumple una condena de más de veinte años por sobornos ligados a Odebrecht; Ollanta Humala fue sentenciado por lavado de activos, y Martín Vizcarra recibió una pena de catorce años por delitos contra la administración pública. Desde 2018, siete presidentes han pasado por el poder, varios de ellos investigados, procesados o condenados. En ese contexto, cualquier gesto de opacidad reabre una herida que nunca ha terminado de cerrar.

La reiteración de estos episodios no es casual. Responde a un sistema político frágil, con partidos débiles y atomizados, liderazgos personalistas y mecanismos de control que suelen llegar tarde. El resultado es corrosivo: se socavan las bases de la democracia, se normaliza el cinismo ciudadano y se debilita la legitimidad del Estado. De esta forma, cuando la política deja de rendir cuentas, el espacio lo ocupan el desencanto y las soluciones autoritarias. El caso del propio Jerí es emblemático, si se considera que en sus primeros meses al mando había logrado alcanzar un importante apoyo ciudadano.

Chile haría mal en mirar este cuadro con distancia. Y esto, por una doble razón. Desde luego, el retorno de la inestabilidad política en un país vecino es siempre una mala noticia, que dificulta las posibilidades de avanzar en la amplia agenda de temas cuya resolución interesa a las dos naciones. Pero, además, los problemas de Perú no son ajenos a Chile. Sin llegar a los extremos que allí se han dado, también el nuestro es un sistema político debilitado por la fragmentación y por la pérdida de credibilidad de los partidos. Y en materia de probidad, los últimos años tampoco ofrecen un balance alentador, marcados por escándalos que han ido desde el caso Convenios hasta la revelación de graves irregularidades en el Poder Judicial.

Así, cuando un nuevo gobierno, cargado de expectativas, se apronta a asumir el mando, la experiencia peruana resulta aleccionadora. Demuestra que la transparencia no es un gesto, sino un sistema; tampoco una promesa, sino una disciplina diaria. Registrar reuniones, transparentar vínculos y someterse a controles estrictos (a todo nivel) no es una carga burocrática, sino el precio mínimo de la confianza pública. Cuando ese estándar se relaja, la democracia comienza, silenciosamente, a sufrir las consecuencias.