¿Es razonable examinar las credenciales religiosas de las personas para desempeñar un cargo público?

La pregunta viene a cuento luego de la designación de Judith Marín ¯evangélica de fuertes convicciones religiosas¯ como ministra de la Mujer.

Desde luego la objeción no puede fundarse en el hecho de que ella tenga determinadas convicciones religiosas. Si fuera por eso también habría que excluir a católicos del Opus, a judíos practicantes o lo que fuera. Eso no sería correcto. Los ciudadanos, también aquellos que se dedican a la política, tienen derecho a tener convicciones religiosas y a adherir y practicar un culto. Eso es propio de una sociedad abierta.

Lo que no debe ocurrir es que se pretenda, sin más, una continuidad entre las convicciones religiosas y los deberes públicos. O, en otras palabras, si los críticos no tienen derecho a excluir a la futura ministra Marín debido a ser ella evangélica y menos a tratarla de fanática, ella, por su parte, no debe ejercer su cargo para expandir o establecer a nivel público sus convicciones religiosas esgrimiendo nada más que razones religiosas. Ella puede promover (como cualquier ciudadano) lo que cree correcto, por ejemplo, en materias reproductivas; pero ha de hacerlo esgrimiendo razones que sean significativas para todos, razones que todos puedan aceptar, razones aceptables a la luz de las reglas propias de una sociedad abierta. Esa es la carga que pesa sobre quienes ejercen cargos públicos. Deben esgrimir razones que sean públicas y no convicciones religiosas, por significativas que ellas sean.

Hacen mal, pues, quienes minusvaloran la participación pública o política de una persona debido a sus convicciones religiosas. Las convicciones religiosas pueden ser una poderosa fuente de sentido en una democracia y en el ámbito de la cultura, otra cosa es que las convicciones religiosas puedan ser fuente suficiente para la adopción de decisiones públicas.

Una democracia secular y plural no expulsa ni trata con desdén las convicciones religiosas. Puede discutirlas, desde luego, pero ni las desprecia ni pretende que sus fieles enmudezcan. Respeta esas convicciones y las considera una parte de la búsqueda del sentido final que es propia de la condición humana, y piensa incluso que esa búsqueda puede ser una muy relevante fuente de sentido de una sociedad que debido al pluralismo arriesga deslizarse al relativismo concebido como una actitud nihilista. Lo que esa misma sociedad exige, sin embargo, es que a la hora de participar del debate público y diseñar reglas que afectan a todos es necesario esforzarse por dar razones que todos puedan aceptar y ello significa algo más que comunicar el propio credo. Este es el gravamen que, a cambio del más radical pluralismo religioso e ideológico, impone a los ciudadanos una sociedad abierta.

Carlos Peña