Los países y los gobiernos enfrentan problemas de categorías distintas. Existen por cierto emergencias en Chile y la primera de ellas en este momento son los devastadores incendios que nos han asolado. Son muy ciertas también aquellas prioridades que el gobierno electo ha definido que serán los ejes de su “gobierno de emergencia”: el crimen organizado y la delincuencia, la inmigración ilegal, y el imperativo de reactivar la economía.

Lo que no hay que olvidar, sin embargo, es que hay desafíos que, por no ser aparentemente urgentes, pasan más desapercibidos, aunque pueden ser los más importantes. Así, por ejemplo, es indudable que la educación pública chilena es el más relevante desafío, porque es el más grande obstáculo para lograr igualdad de oportunidades, la renovación de las élites, el pleno aprovechamiento del capital necesario para el desarrollo, para la posibilidad de que cientos de miles de personas puedan llegar a tener vidas más plenas y con sentido y, por sobre todo, que ellas sean valoradas en toda su integridad y derechos.

Es en este contexto que, junto con apoyar las prioridades que ha establecido el Presidente electo Kast, no debemos olvidar los sueños de largo plazo que tenemos para nuestro país y nuestros conciudadanos.

En primer lugar, hay que tener presente que el concomitante de una sociedad en la cual la libertad es el eje central de la organización económica, política y social, es la meritocracia y la movilidad social que esta promueve; y que el factor que permite a las personas moverse de un estrato a otro de acuerdo a sus capacidades —de modo que cada cual ocupe en la sociedad el lugar que sus talentos le permiten y no aquel que determina su lugar de origen— es la educación.

La falta de movilidad tiene también consecuencias políticas, pues en una sociedad donde existe mayor posibilidad de moverse de un estrato al otro, a través de la educación y el esfuerzo personal, resulta más fácil aceptar la desigualdad que en otra en que los destinos parecen predeterminados por la suerte o —peor aún— por una especie de colusión entre las élites políticas, sociales y económicas. Cuando esto acaece, las fortunas no son siempre el producto de la agregación de valor a través de mejores bienes y servicios a precios más bajos, sino de malas prácticas empresariales, de falta de competencia y de transparencia, de la existencia de mercados o clientes cautivos, y de monopolios y privilegios obtenidos a espaldas del ciudadano y del consumidor. Es decir, la movilidad social es un imperativo moral. Y es una exigencia pragmática, porque asegura una mejor asignación de los recursos y el uso pleno de los talentos que existen en una sociedad. Es obvio que el gran cuello de botella para que todo lo anterior ocurra en plenitud y en forma más rápida y fluida descansa en un sistema educacional que, hasta antes de la última reforma, hacía progresos en cobertura y también en calidad, pero que eran todavía muy lentos e incompletos, y privaban de verdaderas oportunidades a miles de chilenos que permanecían marginados de los beneficios de la modernidad. Hoy, tras las reformas de la Nueva Mayoría y la cuantiosa deserción pospandemia, la situación es más grave aún.

En este contexto, es cierto que se requiere una revolución copernicana, como decía el Presidente Piñera. Pero ella tiene poco que ver con quiénes son los dueños de los colegios, si hay lucro o no hay lucro, si son municipalizados, estatales o particulares subvencionados. Y tiene mucho que ver con la reflexión que debe hacer el país respecto a qué debemos enseñar en el siglo XXI, cómo debemos hacerlo, cómo hay que formar a los nuevos profesores y otros temas que han estado ominosamente ausentes del debate. Esto requiere innovación permanente, creatividad y modelos diferentes a ser diseñados por medio del ensayo y del error.