En diferentes países, el crecimiento de las derechas radicales ha generado tensiones entre la política, las universidades y el conocimiento experto. Cuando la desconfianza en la academia se suma a una visión instrumental del Estado, las universidades dejan de considerarse un activo estratégico. Por el contrario, comienzan a ser vistas como un problema que limitar, ya sea mediante la asignación presupuestaria, cambios en la regulación o la deslegitimación cultural.

Chile no es ajeno a esta situación. En marzo asumirá un nuevo gobierno que no ha explicitado una agenda para la educación superior, y ha concentrado su discurso en seguridad, crecimiento e inmigración. La ausencia de agenda no equivale a neutralidad, sin embargo. Al contrario, una no-agenda permite intervenir sin asumir el costo político de “hacer” política.

El punto de partida es fundamental. Desde la reforma de 2018, la educación superior chilena se basa en dos pilares: la gratuidad, clave para el financiamiento estudiantil, y un sistema externo de aseguramiento de la calidad que establece estándares, jerarquías y expectativas institucionales. Además, ha surgido una idea de excelencia cada vez más vinculada a la investigación, la formación doctoral y la producción científica. Este marco incrementa la regulación y la conexión financiera y organizacional entre las universidades y el Estado. Luego, el próximo gobierno heredará un sistema muy dependiente de decisiones públicas y con equilibrios en constante disputa.

En este contexto, el debate sobre el FES, diseñado para reemplazar al CAE y aumentar la exposición institucional al financiamiento público, va más allá de una mera cuestión técnica. Su aprobación o rechazo condicionará el ciclo político del gobierno entrante. De aprobarse antes del cambio de mandato, el nuevo gobierno tendrá tiempo para posponer decisiones más profundas; si no, deberá presentar una alternativa, lo que inevitablemente abrirá una discusión más amplia.

Más allá de esta coyuntura, la pregunta es qué tipo de cambio está dispuesto a promover el próximo gobierno. Se pueden identificar tres opciones: primero, realizar ajustes instrumentales dentro del marco actual utilizando márgenes administrativos, técnicos y presupuestarios; segundo, implementar reformas normativas que cambien las reglas del juego; y tercero, ampliar la competencia en áreas con regulación más débil, reorganizando el sector sin necesidad de grandes leyes. Cada alternativa tiene ritmos distintos, niveles de visibilidad política y maneras específicas de redistribuir recursos y riesgos.

La opción de realizar ajustes instrumentales resulta especialmente atractiva si el Ejecutivo prefiere concentrarse en otros temas. El Estado administra la educación superior no solo mediante leyes, sino también mediante aranceles regulados, fórmulas de asignación, criterios técnicos e interpretaciones de estándares que, sin cambiar la norma, alteran significativamente sus resultados. Utilizando un lenguaje tecnocrático —como la eficiencia, la sostenibilidad fiscal y la corrección de distorsiones— se pueden lograr cambios importantes en la viabilidad de los modelos institucionales a un bajo coste político.

Este enfoque no descarta reformas legales si las condiciones lo permiten. Al nuevo gobierno le interesan dos ámbitos. Primero, reconfigurar la gratuidad hacia esquemas más focalizados, complementados con créditos contingentes para los segmentos medios. Segundo, revisar las reglas actuales que benefician principalmente a las universidades estatales y privadas tradicionales en la asignación de fondos directos. Hacer estos cambios bajo el pretexto de la “neutralidad competitiva” podría dar lugar a redistribuciones sustanciales.

Un tercer escenario, aunque menos probable y más extremo, sería una contrarreforma: reducir la gratuidad, separar parcialmente el financiamiento de la acreditación, y redefinir la excelencia en términos menos centrados en la investigación.

En general, estas opciones comparten una característica: sin aumentos significativos del financiamiento público, cualquier cambio sería simplemente una redistribución de recursos limitados. Frente a esa redistribución, las universidades estatales y privadas tradicionales quedan especialmente vulnerables. Además, el resultado del FES será determinante: marcará el plazo en el que el gobierno podrá decidir entre ajustar, reformar o expandir de manera competitiva. Tampoco puede descartarse que, si se rechaza el FES, el próximo gobierno aborde el problema del CAE mediante un crédito contingente al ingreso, similar al propuesto por Piñera, pero mejorado, junto con una condonación y una reprogramación de las deudas existentes. Sería una astucia de la historia.

José Joaquín Brunner
Académico UDP y UTA

Mario Alarcón
Académico UDP