A pocos días de conocerse los resultados de la ejecución fiscal a diciembre de 2025, la secuencia de déficits de los meses previos apunta a la consolidación del deterioro en la salud de las finanzas públicas. De acuerdo con las cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), a noviembre, el déficit acumulado del año recién pasado ya alcanzaba el 2,3% del PIB. De esta forma, y considerando que es poco probable que los números de diciembre den sorpresas, estaríamos frente no solo a un nuevo descalce, sino también a otro incumplimiento de la regla de balance estructural bajo la administración Boric.

Así, a pesar del esfuerzo del oficialismo por instaurar la tesis de que se ha normalizado la macroeconomía del país, la próxima administración heredará un fisco con niveles de deuda al borde del límite de prudencia (45% del PIB). Incluso, considerando las partidas bajo la línea y la evolución de los ingresos, es fácil anticipar que ese límite será superado. Y si bien es posible que el mayor precio del cobre pueda aliviar algunas de estas tensiones, más relevante parece detenerse, evaluar y reparar en las prioridades que enfrenta el país. Chile no puede continuar desconociendo su nueva realidad: alto gasto, mínimos ahorros y volátiles ingresos fiscales.

El reajuste del sector público que se discute en estas horas en el Congreso puede ser una oportunidad para llevar a la práctica dicho enfoque. Con más de un centenar de artículos, cubriendo un amplio abanico de temas (la gran mayoría, fuera del ámbito de un aumento en las remuneraciones de los funcionarios públicos), la propuesta del Ejecutivo no cuenta con el financiamiento necesario: el Consejo Fiscal Autónomo alertó la semana pasada respecto de la existencia de más de US$ 820 millones por sobre las provisiones existentes.

De esta forma, incluso aprobando solo el guarismo de aumento salarial (3,4%, dividido en un 2% desde diciembre pasado y otro 1,4% a partir de junio), la propuesta no hace más que abultar el descalce entre gastos e ingresos fiscales. Frente a ello, parece pertinente evaluar alternativas, como lo plantearon los senadores de Chile Vamos ayer en la comisión de Hacienda. Y más aún si se consideran las urgentes necesidades que han emergido producto de la catástrofe por los incendios en el sur, que demandarán un esfuerzo de reconstrucción rápido y eficaz. De hecho, en su presentación en la comisión, la contralora Dorothy Pérez planteó que los incendios mermarían de forma importante los recursos fiscales, afectando la posibilidad de avanzar en un reajuste sin generar un mayor déficit (y deuda).

En el pasado, Chile contaba con ahorros considerables que permitían cubrir eventualidades de todo tipo. Sin embargo, bajo la actual administración, dichos recursos se han drenado (a noviembre, el Fondo de Estabilización Económica y Social contaba con solo US$ 3.883 millones). En este contexto, la actual oposición debe contribuir a detener el deterioro de nuestras finanzas públicas. Los esfuerzos de noviembre pasado para ajustar el presupuesto del 2026 representaron una antesala, pero lamentablemente no prosperaron. En efecto, un presupuesto para el presente año más conservador hubiese sido positivo (una menor base de gasto es una condición necesaria para normalizar las cuentas fiscales). El abultarlo con un reajuste que no está financiado podría ser abiertamente contraproducente.

Por último, es también necesario que la asignación de las responsabilidades por una situación fiscal tan inédita como preocupante no se postergue. En este sentido, las alertas levantadas por los senadores Macaya (UDI) y Galilea (RN) en la comisión respecto de los riesgos que involucra este reajuste sientan un precedente relevante para un debate que muy probablemente se intensificará cuando el próximo gobierno deba hacerse cargo del cuestionado legado fiscal que dejará esta administración.