Hay frases que, en una alianza, deberían ser imposibles, como “si no me venden el territorio, subiré los aranceles” o “no descarto la fuerza”. Y, sin embargo, la relación entre Estados Unidos y Europa vuelve a asomarse al abismo por una idea que Donald Trump ha convertido en eje de su discurso de seguridad nacional: comprar Groenlandia —o incluso tomar el control de la isla por la fuerza— con el argumento de que el ártico se ha vuelto un escenario clave frente a Rusia y China.

La crisis dejó de ser retórica cuando Washington empezó a mezclar geopolítica con castigo comercial. El sábado, Trump anunció aranceles adicionales del 10% desde el 1 de febrero y advirtió que subirían al 25% desde el 1 de junio, hasta que se alcance un acuerdo para la “compra completa” de Groenlandia. La lista de países afectados es elocuente: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido. En Europa, la lectura fue inmediata: ya no es una disputa por comercio; esto es coerción política.

El otro salto cualitativo vino desde el terreno mismo, porque Dinamarca confirmó que aumentará su huella militar en Groenlandia, y su ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, lo presentó como una respuesta lógica a un entorno ártico más tenso. En Nuuk, el jefe del Joint Arctic Command, mayor general Søren Andersen, insistió en que el foco es Rusia (y no una hipotética amenaza estadounidense), una frase que suena tranquilizadora, hasta que se repara en lo inédito: un mando militar aliado teniendo que explicar que no se está preparando para un “escenario OTAN contra OTAN”.

La tensión diplomática también ha escalado. Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, reiteró su preferencia por mantener el vínculo con Dinamarca. Pero, la semana pasada, la reunión en Washington de los cancilleres con Marco Rubio y J. D. Vance no logró resultado. Y ahora, desde Londres, Keir Starmer ha marcado una línea roja: usar aranceles contra aliados por este tema es “incorrecto” y daña la arquitectura atlántica.

Lo verdaderamente grave, sin embargo, es lo que esta crisis revela sobre la OTAN. La Alianza Atlántica se diseñó para que su artículo 5 —que asegura la defensa común de sus miembros— fuese un escudo frente a amenazas externas, y no para sobrevivir a la erosión interna provocada por un miembro que amenaza a otro. Si la disputa por Groenlandia instala la idea de que la garantía de seguridad es negociable (o tarifable), el costo no se pagará en el Ártico, sino en el flanco oriental.

Y ahí aparece Ucrania como telón de fondo y advertencia, cuando la invasión rusa a gran escala se apronta a cumplir cuatro años. Europa vive aún en lógica de guerra, con Rusia sosteniendo su ofensiva y con la seguridad continental dependiendo, en buena medida, de la cohesión occidental. Una OTAN fracturada sería, para el Kremlin, el mejor resultado estratégico sin disparar un solo misil.

Por eso Groenlandia importa tanto. Ha puesto sobre la mesa una pregunta hasta hace poco impensable: ¿qué pasa si el mayor garante del orden transatlántico empieza a comportarse como una amenaza real dentro de su propia alianza? Si la respuesta europea es solo técnica —aranceles de represalia, instrumentos anticoerción, comunicados—, arriesga llegar tarde. Lo que está en juego es más simple y brutal: el futuro de la histórica relación transatlántica.