Señor Director:

En relación con la nota publicada ayer en su diario, sobre las más de 130 mil hectáreas que estarían usurpadas en la macrozona sur, quisiera complementar algunos aspectos relevantes.

Primero, el delito de usurpación en esta zona presenta una connotación distinta al resto del país. Para el proyecto político-estratégico de “liberación nacional” de la Coordinadora Arauco Malleco, la usurpación constituye uno de los tres métodos de control territorial, junto con las denominadas “acciones de autodefensa” y las “acciones de resistencia” o atentados incendiarios (CAM, Chem Ka Rakiduam, p. 90). Casos como Pidenco, en la provincia de Malleco, parecen reflejar esta realidad.

Segundo, la entrada en vigor de la Ley N° 21.633, de 24 de noviembre de 2023, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, significó un giro sustantivo. Esta norma fijó nuevas penas, precisó formas comisivas e incorporó mecanismos eficientes de restitución. Según cifras oficiales de Carabineros de Chile, al comparar los 769 días posteriores a su vigencia con igual período anterior, las usurpaciones en la macrozona sur se redujeron en un 69%.

Tercero, si hoy persisten predios usurpados, difícilmente puede atribuirse a una falta de herramientas legales. La nueva normativa contempla penas privativas de libertad, la figura de flagrancia permanente y la posibilidad de detención de los ocupantes. Reconocer la complejidad operativa de ciertos desalojos es necesario, pero ello bajo ningún aspecto puede traducirse en inacción ni en la deslegitimación de una ley creada precisamente para restablecer el Estado de Derecho.

Pablo Urquízar M.
Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo, Unab