La sentencia dictada hace algunos días en el caso Huracán, que condenó a un civil y cinco exfuncionarios de Carabineros, incluidos su exdirector de Inteligencia, por diversos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, constituye una señal positiva para la institucionalidad. No solo porque restituye responsabilidad donde hubo abusos graves, sino porque demuestra que el país cuenta con mecanismos capaces de sancionar a quienes comprometen la confianza en las instituciones.

Por cierto, también deben ser valorados los fallos recientes que han absuelto a carabineros acusados de violaciones a los derechos humanos por actuar frente a los múltiples hechos de violencia surgidos a raíz del estallido de 2019, al constatarse que no existía dolo ni conducta penalmente reprochable, lo que ratifica la importancia de juicios basados en evidencia y no en climas políticos o expectativas públicas. La solidez del Estado de Derecho descansa precisamente en esta doble capacidad: sancionar cuando corresponde y absolver cuando no se logra probar culpabilidad.

Estos avances judiciales permiten disipar dudas sobre episodios específicos y restablecer, en justicia, el prestigio de Carabineros, que por intereses políticos algunos intentaron repetidamente horadar. Sin embargo, la merecida valoración de que hoy goza la policía uniformada no debe ser razón para obviar la necesidad de reformas modernizadoras largamente pendientes. Precisamente, el caso Huracán, ocurrido en la parte final de la administración Bachelet, y episodios de corrupción que estallaron a mediados de la década pasada hicieron patente la necesidad de esas reformas, en las que intentó avanzar el segundo gobierno del presidente Piñera. Ello, hasta que el estallido, con la inmensa carga que significó para la policía, lo hizo imposible. Las absurdas pretensiones de refundar la institución, rechazadas por la inmensa mayoría del país, solo sirvieron luego para impedir cualquier discusión seria. Así, si bien puede sonar paradójico, no es casual que el gobierno que llegó al poder prometiendo esa refundación poco pueda exhibir en reformas reales y necesarias, que modernicen su estructura, fortalezcan su gobernanza y actualicen sus capacidades operativas, en un entorno marcado por el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico y la creciente complejidad de la seguridad.

Una reforma a Carabineros debería poner especial énfasis en contar con una inteligencia policial de calidad, siempre sometida a controles estrictos y a estándares de auditoría que impidan la fabricación de pruebas (como ocurrió en el caso Huracán) o la autonomía indebida de ciertos mandos. También es importante la especialización y la gestión. Una fuerza de orden moderna requiere menos burocracia y más presencia operativa.

El momento político es propicio para abordar esta reforma. No se trata de borrar la historia de una institución republicana ni de despojarla de su carácter militar, garantía de disciplina y jerarquía, pero sí se trata de impulsar una modernización profunda y urgente.