En presentación ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Nicolás Grau adelantó hace algunos días que las cifras finales de 2025 darán cuenta de un nuevo incumplimiento de los compromisos fiscales del Ejecutivo. Aunque los números oficiales todavía no se publican, la declaración confirma, por tercer año consecutivo, el incumplimiento de las metas de Balance Estructural por parte del gobierno del Presidente Boric.

A comienzos de esta administración, en 2022, el Ejecutivo, en conformidad con la Ley de Responsabilidad Fiscal, emitió el decreto que comprometió una transición desde un déficit fiscal estructural de 3,3% —valor que se esperaba para ese año— hasta uno de 0,3% para el Presupuesto de 2026. Ese 2022, los resultados fiscales fueron muy superiores a lo esperado, principalmente debido a ingresos extraordinarios por el litio, que inexplicablemente se consideraron como estructurales, lo que permitió obtener finalmente un superávit de 0,5% del PIB. Pero en los años posteriores, los déficits han sido sistemáticamente mayores a lo anticipado. Para 2025, el último Informe de Finanzas Públicas estima que el déficit estructural será de 2,2%, más del doble de lo originalmente comprometido.

La falta de prolijidad del Gobierno en materia fiscal no debe pasar desapercibida, considerando que en tres de los cuatro años de su período los déficits han sido muy superiores a sus propias metas. Nuestra situación fiscal no es crítica, pero se ha deteriorado significativamente, por lo que un esfuerzo para recuperar la senda de la responsabilidad es muy necesario. Por cierto, este desafío ya existía a comienzos del actual gobierno, pero aunque hubo expectativas de que se pudieran reencauzar entonces las cosas, lo cierto es que esta administración terminará pasando a la historia como una donde el manejo de las cuentas fiscales fue abiertamente deficiente.

Contra lo que pudiera esperarse, las autoridades no parecen preocupadas por el asunto y más bien insisten en resaltar supuestos logros de su gestión donde no los hay. De hecho, en una columna publicada hace algunos días, la ministra Vallejo manifestaba que el trabajo del Gobierno había permitido ordenar las cuentas públicas, con el menor crecimiento de la deuda en más de 10 años, sugiriendo un gran éxito en materia fiscal. Las cifras de balance estructural —las únicas sobre las cuales una administración tiene control— dan cuenta de lo opuesto.

El próximo gobierno tendrá la tarea de corregir esta situación. Quizá lo más importante en ello sea establecer metas y cumplirlas. Una política fiscal permanentemente expansiva contribuye al crecimiento de la deuda, y una que incumple con sus metas mina la credibilidad de los compromisos fiscales. Lo segundo es tan preocupante como lo primero.