Las declaraciones del Presidente de la República, Gabriel Boric, a propósito del fallo absolutorio dictado en el denominado caso Gatica, no constituyen un mero comentario político ni una opinión personal inocua. Se trata, por el contrario, de afirmaciones que tensionan gravemente los principios básicos del Estado de Derecho y que justifican plenamente la preocupación expresada por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.

En un sistema democrático, la justicia no se administra desde la tribuna política ni desde la emocionalidad legítima que pueden despertar determinados hechos trágicos. La justicia se construye —y se legitima— a partir de procedimientos, reglas probatorias, garantías procesales y decisiones adoptadas por tribunales competentes, de manera independiente e imparcial. Cuando la máxima autoridad del país cuestiona públicamente una decisión jurisdiccional firme, fuera de los canales institucionales que el propio ordenamiento contempla, se cruza una línea delicada.

Las expresiones presidenciales que sugieren desconcierto frente a la absolución, que relativizan la proporcionalidad en la legítima defensa o que afirman que “no puede haber impunidad” cuando se “establece” un hecho, desconocen un elemento esencial: los acontecimientos jurídicamente relevantes no se determinan por convicción política ni por percepción social, sino por prueba rendida y valorada conforme a la ley. Insinuar lo contrario no solo erosiona la confianza ciudadana en los tribunales, sino que instala la peligrosa idea de que las decisiones judiciales deben alinearse con expectativas externas para ser legítimas.

La Asociación de Magistradas y Magistrados acierta al advertir que este tipo de declaraciones afectan el principio de separación de poderes. En efecto, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía. Cuando el Poder Ejecutivo emite juicios de valor sobre fallos judiciales en términos que los deslegitiman, se debilita ese pilar esencial y se abre espacio a presiones indebidas, explícitas o implícitas, sobre quienes deben decidir conforme a derecho y no conforme al clima político del momento.

Resulta especialmente complejo que estas afirmaciones provengan de quien, por mandato constitucional, tiene el deber de respetar y hacer respetar las instituciones. La crítica institucional a la justicia tiene canales, tiempos y formas; hacerlo desde el espacio mediático, con frases categóricas que simplifican una decisión compleja, contribuye más a la polarización que a la búsqueda de verdad y justicia.

En tiempos de desconfianza institucional, la responsabilidad de las autoridades es mayor, no menor. Defender el Estado de Derecho implica aceptar que los fallos judiciales pueden no satisfacer a todos, pero deben ser respetados. Cuando el poder político parece olvidar esta premisa, corresponde que las asociaciones judiciales levanten la voz, no en defensa corporativa, sino en defensa de la democracia misma. Porque sin jueces independientes, no hay justicia; y sin justicia, no hay Estado de Derecho que resista.

Mariela Hernández
Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas