Señor Director:

El día 15 de enero se publicó en el Diario Oficial el listado de derechos de agua afectos a patentes por no uso para el año 2026 y, en una situación sin precedentes, el cobro para muchos de ellos se multiplicó hasta 8 veces, llevando el valor de la patente a montos muy superiores a los precios de adquisición de esos mismos derechos de agua o a su actual valor comercial. Menudo sinsentido, considerando que el efecto del no pago de esta patente es el remate del derecho gravado en pública subasta. Esto, sumado a ciertos criterios interpretativos de la autoridad que consideran al usuario como un adversario al cual se le han de aplicar las reglas más gravosas y que ya han sido cuestionados por tribunales, está llevando a una deuda creciente con el Estado por parte de los dueños actuales de derechos productivos.

Esto es, a todas luces, una presión indebida de parte de la autoridad de aguas, que busca forzar a una renuncia de derechos, muchos de los cuales son productivos. Un caso paradigmático lo constituye el cobro de patentes a derechos que sí cuentan con obras para su aprovechamiento, pero que tienen permisos pendientes ante la misma autoridad. Cómo se echa de menos una correcta interpretación del principio de servicialidad del Estado o, al menos, un mínimo de sentido común. Carlos Ciappa P

Profesor Derecho de Aguas LLM-UC