Señor Director:

Cada vez que un funcionario de la fuerza pública enfrenta un conflicto grave —muerte, disparo o lesiones—, el foco cae casi exclusivamente sobre su responsabilidad individual, como si actuara en el vacío.

Los derechos humanos se activan con fuerza sobre la persona afectada, lo que es correcto. Pero rara vez se analizan con la misma intensidad los derechos, deberes y contexto del uniformado que fue enviado por el Estado a enfrentar situaciones límite.

El reciente fallo que absolvió a Claudio Crespo vuelve a poner este tema sobre la mesa. Más allá de estar o no de acuerdo con la sentencia, el caso muestra cómo un funcionario puede pasar años siendo símbolo del mal absoluto, mientras la institución y la autoridad que lo mandaron a actuar miran desde lejos.

Cuando conviene, se exige firmeza; cuando hay consecuencias, se deja solo al que dio la cara.

La Ley Naín-Retamal buscó corregir ese desequilibrio, dando mayor respaldo jurídico a quienes enfrentan violencia real en la calle.

Su actualización hizo “hervir” a sectores que ven en toda defensa del orden una amenaza, pero olvidan que sin respaldo legal no hay fuerza pública que pueda actuar sin miedo a convertirse en chivo expiatorio.

No se trata de impunidad. Se trata de responsabilidad compartida: del funcionario, de la institución que lo forma y del Estado que lo envía.

Exigir acción y luego abandonar al que actuó no es justicia. Es hipocresía.

Gastón Massa - Torche